La decisión del gobierno mexicano de mantener el asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana condenada por conspiración contra el Estado, plantea serias dudas sobre la coherencia y credibilidad de la política exterior mexicana. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que se trata de un acto humanitario y soberano, la realidad es que esta postura erosiona principios fundamentales del derecho internacional y proyecta una imagen de politización del asilo.
Un argumento legal que se tambalea
México invoca la Convención de Caracas y su tradición histórica de asilo. Sin embargo, Chávez no es una opositora perseguida por sus ideas: fue condenada por un tribunal con garantías procesales, tras participar en un intento de quebrar el orden constitucional. Ignorar este hecho convierte el asilo en un escudo para quienes vulneran la democracia, debilitando la legitimidad de la figura del asilo político.
La sombra de la ideología
Aunque la presidenta ultraizquierdista de México, Claudia Sheinbaum, niega motivaciones políticas, la coincidencia ideológica entre su gobierno y el bloque de izquierda latinoamericano es evidente. México ha otorgado asilo en casos similares (Evo Morales, Jorge Glas), lo que refuerza la percepción de que el asilo se usa como herramienta para proteger aliados políticos, no como mecanismo humanitario.
Consecuencias diplomáticas
Esta decisión ya provocó la ruptura de relaciones con Perú y podría aislar a México en la región. Defender a una funcionaria condenada por atentar contra la institucionalidad no solo es un error estratégico, sino un golpe a la credibilidad mexicana como actor responsable en América Latina.
Conclusión
México debe decidir si quiere ser garante de derechos humanos o refugio de políticos cuestionados. Hoy, la línea entre principios y afinidades ideológicas parece peligrosamente difusa.
