Por Raúl Vallarino.-
En la era de las redes sociales, la libertad de expresión ha encontrado un canal poderoso, pero también ha dado lugar a una preocupante distorsión: la difamación impune. Cada día, personas de todo el mundo son blanco de agravios, insultos y acusaciones infundadas lanzadas desde el anonimato o la comodidad de un teclado. Lo más alarmante no es solo la frecuencia con la que ocurre, sino la actitud de quienes, al verse enfrentados a la posibilidad de responder ante la Justicia, se apresuran a pedir disculpas para evitar las consecuencias legales de sus actos.
Este patrón se repite con inquietante regularidad. Primero, el agresor se siente intocable, amparado por la aparente distancia que ofrece el mundo digital. Publica, comenta, difama.
Luego, cuando el agraviado anuncia que tomará acciones legales, el tono cambia. Aparecen las disculpas públicas, los intentos de reconciliación, las súplicas por evitar el proceso judicial. Pero ¿puede una disculpa tardía borrar el daño causado?
Según la UNESCO, 160 países criminalizan la difamación, y en los últimos cinco años se han aprobado 57 leyes nuevas que, aunque buscan combatir la desinformación y el discurso de odio, han endurecido las penas por difamación digital. En países como República Dominicana, la Ley 53-07 establece penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 500 veces el salario mínimo por difamación cometida a través de medios electrónicos.
La difamación no es solo una falta de respeto; es un delito. Las redes sociales han amplificado su alcance, permitiendo que una mentira se propague en segundos y que el daño se multiplique exponencialmente. Y aunque el arrepentimiento puede ser legítimo, también puede ser una estrategia para evadir responsabilidades.
Es hora de que como sociedad entendamos que la libertad de expresión no es sinónimo de impunidad. Las palabras tienen peso, y en el entorno digital, su impacto puede ser devastador. Quienes difaman deben saber que no basta con borrar una publicación o pedir disculpas cuando se sienten acorralados. La justicia existe para proteger a los agraviados, y su aplicación no debe depender del arrepentimiento del agresor.
