El Perú volvió a añadir un nombre más a su extensa lista de expresidentes procesados por corrupción. El exmandatario Martín Vizcarra fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por el Poder Judicial, al ser hallado responsable de recibir 2,3 millones de soles (unos 680.000 dólares) en sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA para favorecerlas en la adjudicación de dos proyectos emblemáticos en Moquegua: Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua, cuando ocupaba el cargo de gobernador regional.
La sentencia concluyó que la Fiscalía logró demostrar la existencia de un pacto de corrupción iniciado en 2013. Durante la audiencia, el tribunal respaldó la “credibilidad y coherencia” de los testimonios presentados por exdirectivos de las empresas involucradas, quienes detallaron la entrega de los pagos ilícitos. Los jueces destacaron que no se evidenció ningún móvil personal —como enemistad u odio— que afectara la fiabilidad de los colaboradores eficaces, y señalaron que el modus operandi descrito coincidía con los peritajes elaborados por la Policía.
En el caso de Obrainsa, exejecutivos reconocieron haber entregado un millón de soles (cerca de 300.000 dólares) para asegurarse la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Por su parte, altos funcionarios de ICCGSA revelaron que pagaron un millón trescientos mil soles (385.000 dólares) con el objetivo de obtener el contrato para la remodelación del Hospital de Moquegua. Ambos testimonios fueron decisivos para la configuración del delito.
La revelación de estos hechos fue determinante para la crisis política que culminó con la vacancia de Vizcarra por incapacidad moral permanente en noviembre de 2020, apenas 32 meses después de haber asumido la presidencia. En su momento, el caso abrió una nueva fractura en el ya convulso escenario político peruano y aceleró su salida del cargo.
Durante la lectura del fallo, a la que Vizcarra asistió de manera presencial, la defensa del exmandatario reiteró que las acusaciones carecen de sustento y que no existe ninguna prueba material —como grabaciones o imágenes— que acrediten la entrega de dinero. Vizcarra insistió en su inocencia y afirmó que todo responde a un “pacto mafioso” destinado a sacarlo de la contienda política. La defensa anunció que presentará una apelación en los próximos días.
