Los conflictos no se gestionan únicamente con disparos, sino también con discursos políticos. Paralelamente a las operaciones policiales en los complejos de Alemão y Penha en Río de Janeiro, gobernadores afines al jefe de la administración del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, crearon el “Consorcio de la Paz”, un proyecto de integración para combatir el crimen organizado en el país.
El sociólogo Ignacio Cano, profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), critica el término. Según él, se trata de una estrategia discursiva que invierte el verdadero significado de la operación que dejó 121 muertos.
“Los gobernadores se equivocaron con el nombre. Debería llamarse el Consorcio de la Muerte, porque eso es lo que proponen. Desde luego, no es la paz”, dice Cano. “Retóricamente, no será bien recibido, y cada vez que usen el término, se les recordará la cantidad de muertes que producen sus gobiernos. La mayoría de los gobernadores de derecha promueven la letalidad policial”.
Siete gobernadores forman parte del “Consorcio por la Paz”. Además de Castro, están Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Eduardo Riedel (Progressistas), de Mato Grosso do Sul; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e Ibaneis Rocha (MDB), del Distrito Federal.
“Narcoterrorismo”
Sociólogos, politólogos y expertos en seguridad pública entrevistados por Agência Brasil analizaron el vocabulario empleado por las autoridades en discursos recientes. Señalaron los usos políticos y simbólicos de términos relacionados con la operación más sangrienta jamás registrada en Brasil.
Entre las palabras recurrentes se encuentra “narcoterrorismo”. Castro, Tarcísio y Zema la utilizaron para referirse a las facciones criminales, especialmente a las más grandes que tienen a Río de Janeiro y São Paulo como centros de poder.
“Esto no es más que un disparate que obstaculiza a la policía, la seguridad pública, la sociedad y al propio gobierno. Es la misma forma en que utilizan ‘narco-milicia’ y otras categorías antiguas como ‘estado paralelo’. Esto, de hecho, oculta incompetencia, incapacidad y oportunismo político”, afirma Jacqueline Muniz, antropóloga y politóloga, profesora del departamento de seguridad pública de la Universidad Federal Fluminense (UFF).
“Cuando dices que te enfrentas al narcoterrorismo, estás diciendo que necesitas más poder, más dinero, un presupuesto mayor, y que no tienes que explicar lo que vas a hacer”, añade.
Según Ignacio Cano, el término también es erróneo desde un punto de vista conceptual. “El terrorismo suele asociarse a objetivos políticos. Se trata del uso indiscriminado de la violencia contra civiles para alcanzar dichos objetivos. Un narcoterrorista no tendría ninguna motivación política. El objetivo es el mismo que el de cualquier delincuente: el lucro. El término es una contradicción en sí mismo”, explica el sociólogo.
En Brasil, la Ley No. 13.260 de 2016 define el terrorismo como: “la práctica por uno o más individuos de los actos previstos en este artículo, por razones de xenofobia, discriminación o prejuicio basados en la raza, el color, la etnia y la religión, cuando se cometen con el propósito de provocar terror social o generalizado, poniendo en peligro a las personas, los bienes, la paz pública o la seguridad pública”.
En Brasil, las facciones dedicadas al narcotráfico están clasificadas como organizaciones criminales. Así lo ha defendido el gobierno federal, en especial el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski.
Un grupo de congresistas busca cambiar esta situación mediante el Proyecto de Ley 724/25, que amplía el concepto de terrorismo para incluir el narcotráfico. El proyecto de ley fue presentado por el congresista Coronel Meira (PL-PE) y aprobado hace unas semanas en el Comité de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley aún deberá ser analizado por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) antes de ser sometido a votación en el Pleno de la Cámara. Para convertirse en ley, requiere la aprobación tanto de la Cámara como del Senado.
Presión internacional
Esta postura ha estado sometida a presión internacional por parte de políticos de derecha. Los gobiernos de Javier Milei en Argentina y Santiago Peña en Paraguay clasificaron recientemente a las organizaciones criminales PCC (Primeiro Comando da Capital) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas. Estados Unidos sugirió a Brasil que hiciera lo mismo durante la visita de una delegación estadounidense al país en mayo de este año.
Los expertos en seguridad pública comprenden que la presión ejercida por los gobernadores brasileños para el uso del término “narcoterrorista” constituye una forma de alineamiento político con estas fuerzas externas. De esta manera, el debate se traslada del ámbito policial al geopolítico. Para ellos, la adopción del término en el país debilitaría la democracia y aumentaría el riesgo de injerencia internacional.
“Una forma en que Estados Unidos puede intervenir de manera más efectiva en nuestro territorio es precisamente apelando a lo que los estadounidenses han temido históricamente, especialmente después del 11 de septiembre, que es el tema del terrorismo”, dice Jonas Pacheco, coordinador de investigación de la Red de Observatorios de Seguridad.
“Es un discurso que aborda el tema de la dominación sobre América Latina. Los países que tienen grupos clasificados como terroristas claramente no están alineados ideológicamente con la administración Trump”, añade.
“El presidente de Estados Unidos utiliza el terrorismo para justificar ejecuciones sumarias en las costas de Venezuela y Colombia. El término también ha sido adoptado por los gobiernos de El Salvador y Ecuador. Se trata de intentos de eludir cualquier límite legal. Las leyes antiterroristas prolongan la prisión preventiva y reducen las garantías procesales. Pero, lo que es más importante, ninguna ley antiterrorista autoriza la ejecución sumaria de personas”, afirma Ignacio Cano.
“Guerra contra las drogas”
Otra categoría semántica muy común entre las autoridades estatales es la de “guerra”. Las fuerzas de policía militar se enfrentarían a conflictos similares a los vividos en otras realidades de Europa del Este, África y Oriente Medio.
Los politólogos y sociólogos se oponen categóricamente a esta terminología, debido a una serie de consecuencias simbólicas y materiales que produce.
“Cuando se enmarca el debate en torno a la idea de guerra, se justifican acciones que brutalizan a todo un territorio. ¿Quién es el enemigo en esta guerra? ¿Es el narcotraficante que lava dinero en la avenida Faria Lima? No, es el narcotraficante de la favela. Son las personas pobres y negras que viven en territorios de extrema vulnerabilidad y precariedad”, afirma Jonas Pacheco.
“La seguridad pública consiste en generar seguridad, no en matar. El uso de la fuerza debe respetar las normas legales pertinentes. No es un fin en sí mismo. El objetivo es generar seguridad. El contrato social estipula que el Estado debe garantizar la preservación de la vida”, añade.
“Siempre es bueno recordar que si la sociedad autoriza a la policía a actuar sin controles ni parámetros legales, sin la supervisión del Ministerio Público, todos estamos en riesgo. Si la gente piensa que solo los residentes de Alemão y Penha sufrirán las consecuencias, están muy equivocados”, afirma Ignacio Cano.
“El objetivo es llevar la guerra a las ciudades. ¿Y qué mejor manera que una guerra contra el crimen? Pero no se trata de combatir ningún delito. Se trata de generar represión y espectáculo. Si queremos solucionar esto, también tenemos que cambiar este lenguaje”, analiza Jacqueline Muniz.
“Estamos hablando de un proyecto autoritario donde la inseguridad se convierte en política pública. Cuanto mayor sea la inseguridad, mejor para estas autoridades, porque nos lealizamos por miedo. Ante la amenaza, todos podemos renunciar a las garantías individuales y colectivas en favor de quienes pueden protegernos y luego tiranizarnos”, añade. (Agencia Brasil).
Moraes ordena la preservación íntegra de las pruebas en la megaoperación
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinó, en una decisión publicada este domingo (2), la preservación “rigurosa e íntegra” de los elementos materiales relacionados con la ejecución de la Operación Contención , que dejó 121 muertos en los complejos Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro. Fue la incursión policial más sangrienta en la historia del estado, llevada a cabo el martes pasado (28).
La decisión abarca análisis periciales y cadenas de custodia. Alexandre de Moraes accedió a la solicitud de la Defensoría Pública Federal (DPU) y garantizó el control y la verificación de las pruebas materiales por parte de la Fiscalía, permitiendo el acceso a la información también a la propia DPU en el estado de Río de Janeiro.
La nueva medida se implementó en el contexto del Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) No. 635, conocido como el ADPF de las Favelas, que se originó a partir de una demanda presentada en 2019 por el Partido Socialista Brasileño (PSB).
El ministro destacó que la decisión se ajusta a lo establecido por el pleno de la Corte Suprema en la sentencia sobre el fondo del asunto, según la cual deben preservarse las pruebas de los delitos y garantizarse la independencia técnica de los peritajes forenses en las investigaciones de crímenes contra la vida . El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, deberá ser notificado este domingo para garantizar el cumplimiento de la decisión.
En abril de este año, el Tribunal Supremo de Brasil (STF) definió varias medidas para combatir la letalidad policial durante los operativos de la Policía Militar contra el crimen organizado en las favelas de Río de Janeiro. Tras la sentencia ADPF n.° 635, diversos organismos, entre ellos la Defensoría Pública Federal y el Consejo Nacional de la Fiscalía (CNMP), asumieron la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la decisión.
