La independencia de poderes es el pilar de cualquier democracia. Sin ella, el equilibrio institucional se convierte en una ilusión y la justicia deja de ser garantía para transformarse en herramienta política. Hoy, Brasil enfrenta una pregunta incómoda: ¿existe realmente independencia entre el Ejecutivo y el Judicial?
La reciente condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado ha encendido todas las alarmas. No por la gravedad del delito, sino por el contexto en el que se dicta la sentencia: una Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) dominada por jueces con vínculos directos con el presidente Lula da Silva. Tres de los cuatro magistrados que votaron la condena fueron designados por Lula, y no se trata de nombramientos neutrales:
- Cristiano Zanin, abogado personal de Lula, convertido en ministro del STF en 2023.
- Flávio Dino, exministro de Justicia y militante del Partido Comunista, nombrado en 2024. Lula da Silva, ha festejado públicamente cuando designó a su amigo Flávio Dino como magistrado del STF y se congratulo de que este es el primer juez comunista de la Corte Suprema. “Siento una inmensa alegría, de que por primera vez, en este país, hemos logrado colocar en la Suprema Corte a ministro comunista”.
- Cármen Lúcia, incorporada en 2006 por el propio Lula.
Luiz Inácio Lula da Silva nominó el jueves (20) al fiscal general de la Unión, Jorge Messias, para ocupar la vacante de ministro del Supremo Tribunal Federal (STF).
Messias ha participado en otros gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Ejerció cargos estratégicos en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Antes de ser Ministro de la Fiscalía General, fue Subjefe de Asuntos Jurídicos de la Casa Civil, de 2015 a 2016; Secretario de Regulación de la Educación Superior en el Ministerio de Educación, entre 2012 y 2014; y asesor jurídico en los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología, en 2011 y 2012.
¿Puede hablarse de imparcialidad cuando quienes juzgan son amigos, ex asesores y defensores del presidente en funciones? La respuesta parece evidente.
La mirada de los analistas
El jurista Diego García-Sayán, exrelator de la ONU, advierte que “cuando un jefe de Estado influye en la composición del Poder Judicial, se erosiona la confianza pública y se abre la puerta a la captura institucional”.
Por su parte, Daniel Zovatto, experto en gobernanza democrática, señala que la condena a Bolsonaro “marca un parteaguas histórico, pero también expone la fragilidad institucional: la justicia no puede convertirse en instrumento de revancha política”. [elpais.com] [eltiempo.com]
Incluso voces críticas dentro de Brasil, como la abogada penalista Luiza Oliver, cuestionan la imparcialidad del STF: “La credibilidad del Supremo no se construye con victorias sobre enemigos políticos, sino con fidelidad a las garantías del Estado de Derecho”. [elperiodista.cl]
El Foro de São Paulo y la estrategia institucional
Documentos del Foro de São Paulo, fundado por Lula, plantean abiertamente la necesidad de “tomar todas las instituciones, incluido el Poder Judicial” para garantizar la permanencia de proyectos de izquierda. ¿Es esto democracia o ingeniería institucional para blindar el poder? [icndiario.com]
¿Independencia judicial o hegemonía política?
La independencia judicial no se mide por discursos, sino por hechos. Y los hechos muestran un STF cada vez más alineado con el Ejecutivo, con jueces que no ocultan su cercanía política. El riesgo es enorme: cuando la justicia se convierte en brazo del gobierno, la ley deja de ser un límite y pasa a ser un arma.
Brasil está en una encrucijada. Si la sociedad no exige transparencia en los nombramientos y límites claros al poder presidencial sobre la Corte, la separación de poderes será letra muerta. Y cuando eso ocurre, la democracia deja de ser un sistema de garantías para convertirse en un escenario de hegemonía.
¿Estamos ante justicia o ante venganza política? ¿Es la condena a Bolsonaro un acto de legalidad o un mensaje de poder? Las respuestas no son jurídicas: son políticas. Y eso, en cualquier democracia, debería preocuparnos.
R.V.
