En una rueda de prensa tras la reunión del Directorio del Partido Nacional, el expresidente Luis Lacalle Pou criticó con dureza este lunes (27), la postura del actual gobierno frente al caso del astillero español Cardama. “Arrastraron al presidente a una operación política”, afirmó, calificando la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas como “grave y triste”.
Lacalle Pou defendió la gestión de su administración y respaldó a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, responsables del acuerdo con el astillero español. “Esto no era un capricho, era una necesidad nacional”, sostuvo, y acusó al Ejecutivo actual de estar “más dedicado a destruir lo que encontró que a construir lo que no tiene plan”.
Consultado sobre las declaraciones de Yamandú Orsi, quien habló de “fuertes indicios de estafa o fraude al Estado”, el Lacalle Pou respondió: “Creo que se pasó de rosca. Un gobernante no puede afirmar algo así sin comprobación previa”. También reveló que se comunicó con el presidente para hablar del tema, aunque evitó dar detalles de la conversación.
El contrato con Cardama fue rescindido por el gobierno del Frente Amplio por la garantía presentada, pero no por las trabajos ya hechos por el astillero con avance demostrado. El Ejecutivo anunció entonces acciones judiciales por presunto fraude. Sin embargo, en las últimas horas, el gobierno de Orsi dio marcha atrás y aceptó una mediación con el astillero, que ofreció sustituir la garantía y retomar el diálogo.
Declaraciones de Cardama
El astillero español reaccionó con firmeza tras el anuncio de rescisión. En un comunicado, Cardama sostuvo que “ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales” y expresó sorpresa por conocer la decisión “por vía pública, sin comunicación previa”. La empresa aseguró que continúa trabajando “al ritmo previsto de obra y adquisición de materiales” y reclamó “la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes”.
Cardama advirtió que, si no se concreta ese intercambio, “se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses”. Además, ofreció sustituir la garantía cuestionada por una nueva que “cumpla con las características que la Administración considere adecuadas”, recordando que la anterior “fue oportunamente aceptada y supervisada por el Estado uruguayo”.
Desde Vigo, el director general Mario Cardama negó que la situación ponga en riesgo la continuidad de la compañía y aseguró que se trata de “un problema puntual de tesorería”. Confirmó que viajará a Montevideo para intentar recomponer la relación y subrayó que la primera patrullera “ya tiene el 60% del casco completado” y los motores encargados, según informó el Diario de Vigo desde España.
Reacciones de la oposición
La oposición no tardó en reaccionar. El senador nacionalista Martín Lema acusó al gobierno de montar “un espectáculo” para desviar la atención de otros temas y cuestionó la falta de interés en reforzar la seguridad nacional. “Después se llenan la boca hablando de prevención del narcotráfico y crimen organizado; esto era una medida concreta y la están dejando sin efecto”, afirmó.
Por su parte, el legislador blanco Sebastián Da Silva calificó la decisión de rescindir el contrato como “una tremenda burrada”. “Rescindir el contrato en marcha con el barco en plena construcción y con US$30 millones ya pagados por un papel es de las inutilidades más enormes que puede hacer alguien con noción mínima de negocios”, escribió en X.
La senadora Graciela Bianchi llamó a “perder la inocencia” con Orsi, sugiriendo que está alineado con “autócratas y partidarios de las autocracias”. El senador Sergio Botana, en tanto, criticó que el gobierno “se empeña en no controlar el mar” y advirtió que Uruguay se expone a un reclamo judicial millonario.
Desde el Partido Colorado, el senador Robert Silva expresó su sorpresa por la decisión y cuestionó que no se haya intimado previamente a la empresa para acreditar la garantía: “Las garantías se ejecutan una vez que hay un incumplimiento”, explicó.
DECLARACIÓN | PARTIDO NACIONAL
Sobre la decisión del gobierno de rescindir el contrato de las Patrulleras Oceánicas. Es una grave irresponsabilidad que afecta la credibilidad del país, la seguridad jurídica y el respeto a los contratos. pic.twitter.com/S05DEteavI— Partido Nacional (@PNACIONAL) October 27, 2025
Análisis: ¿rectificación estratégica o señal de debilidad?
El giro hacia la mediación plantea interrogantes sobre la solidez de la estrategia inicial. Por un lado, la decisión puede interpretarse como pragmatismo: Uruguay necesita las patrulleras para su soberanía marítima, y un litigio internacional sería costoso y prolongado.
Por otro, tras declaraciones sobre fraude en la garantía, retroceder podría erosionar la credibilidad del gobierno y dar argumentos a la oposición, que ya acusa al Ejecutivo de actuar con “irresponsabilidad política y jurídica”.
En definitiva, la marcha atrás refleja la tensión entre la necesidad de preservar recursos estratégicos y la obligación de sostener la narrativa que Orsi instaló al anunciar la rescisión.
