El candidato independiente a la presidencia de Chile, Marco Enríquez-Ominami presentó este lunes una denuncia administrativa ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, contra el Ministerio Público y varios de los fiscales que intervinieron en el caso SQM, el mayor escándalo de financiamiento ilegal de la política en Chile proporcionado por la minera que era controlada por el yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, apuntando a “graves irregularidades y persecución penal selectiva con criterios políticos” durante los casi once años que se extendió la investigación. El candidato se vio involucrado en el caso SQM por haber “recibido” financiamiento irregular de campaña a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por su equipo.
“Se hizo justicia. Después de 11 años, fui declarado inocente de todas las acusaciones que se orquestaron en mi contra. No encontraron nada, porque no había nada. Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática”, expresó.
La acción, patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, solicita que se abra una investigación disciplinaria sobre el actuar de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la fiscal adjunta Paola Castiglione, y otros persecutores, entre ellos Pablo Gómez Niada, Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias.
“No se trata de una revancha. Se trata de verdad institucional. Lo que queremos es que el Ministerio Público se haga responsable de once años de persecución injusta. Lo hacemos por Chile, para que ningún ciudadano vuelva a vivir algo así”, señaló Enríquez-Ominami tras ingresar la denuncia.
Absolución y cuestionamientos al Ministerio Público
El exdiputado y tres veces candidato presidencial fue absuelto la semana pasada de los delitos de cohecho en el marco del caso SQM, proceso que se extendió por más de una década. Durante la lectura del veredicto, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago cuestionó la falta de pruebas, errores procesales y la excesiva duración del juicio, lo que representó un duro revés para la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Enríquez-Ominami afirmó que el objetivo de esta nueva acción es “determinar quién tomó las decisiones que permitieron extender el caso por más de una década y destinar más de $5.000 millones de recursos públicos a una investigación que carecía de fundamento”.
“Frente a hechos idénticos, a mí se me aplicó un criterio distinto. Eso no es justicia, es sesgo. Fue un uso político del derecho, y el derecho nunca puede usarse para castigar políticamente a alguien”, enfatizó el candidato.
Responsabilidades internas y control jerárquico
El escrito de 47 páginas presentado ante la Fiscalía Nacional acusa falta de control jerárquico, filtraciones de información reservada, formalizaciones sin querella del SII y dilaciones deliberadas del proceso. Según el documento, estas actuaciones habrían configurado un patrón “contrario a la objetividad, la legalidad y la igualdad ante la ley”.
“Queremos saber quién digitó este caso, quién autorizó las filtraciones y quién permitió que se dilatara durante once años. El Ministerio Público debe rendir cuentas ante la ciudadanía”, subrayó Enríquez-Ominami.
El candidato independiente recalcó que su presentación “no busca beneficios personales, sino abrir un debate sobre la responsabilidad institucional y la transparencia del Ministerio Público”.
“El Ministerio Público no puede ser juez y parte, ni operar sin control. No pido reparación, pido verdad. Quiero saber quién fiscaliza a los fiscales”, agregó.
Primera de varias acciones
Enríquez-Ominami adelantó que esta denuncia es solo el inicio de una ofensiva judicial más amplia. Según anunció, presentará nuevas acciones en los próximos días para indagar el origen y manejo del caso SQM, que lo mantuvo con restricciones judiciales durante más de una década.
“Esta es la primera denuncia. Habrá una segunda el jueves. Queremos que el Fiscal Nacional investigue y enderece el rumbo de una institución que perdió credibilidad. Chile necesita una Fiscalía imparcial, eficiente y sujeta a control público”, sostuvo.
“Una denuncia por la verdad institucional”
Con esta acción, el candidato busca cerrar el ciclo judicial del caso SQM y, al mismo tiempo, abrir un debate sobre la rendición de cuentas del Ministerio Público, institución que —según dijo— “ha perdido credibilidad ante los ciudadanos”.
“No lo hago por mí, sino por Chile. Once años de persecución no se borran, pero pueden servir para cambiar lo que no funciona. La verdad es el cambio”, concluyó Enríquez-Ominami.
