El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este sábado un nuevo estado de excepción en diez de las veinticuatro provincias del país, tras la grave conmoción interna generada por las protestas indígenas desencadenadas por el aumento del precio del diésel.
La medida fue anunciada mediante un decreto ejecutivo firmado la noche del sábado, y busca, según el mandatario, contener el incremento de la violencia en las movilizaciones y evitar su expansión hacia otras zonas del territorio nacional.
El decreto rige en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, donde se suspende temporalmente el derecho a la libertad de reunión durante las 24 horas del día, con el fin de impedir aglomeraciones que puedan afectar servicios públicos o la movilidad. No obstante, el texto permite las protestas pacíficas que no vulneren los derechos de terceros.
“Durante las manifestaciones violentas han sido agredidos policías y militares; algunos agentes han sido secuestrados y vejados en su integridad”, señala el decreto presidencial, citando los argumentos del jefe de Estado.
Noboa dispuso además la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional hacia las provincias bajo el régimen de excepción, con el propósito de proteger la vida e integridad de los ciudadanos, garantizar la libre circulación y mantener el desarrollo de las actividades económicas.
La decisión se produce un día después de que la Corte Constitucional anulara el anterior estado de excepción decretado por el Ejecutivo en cinco de siete provincias al inicio de las protestas. El tribunal únicamente consideró constitucional la medida en Carchi e Imbabura, esta última reconocida como epicentro de las movilizaciones encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
En el nuevo decreto, Noboa argumenta que “se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia”, generando una alteración grave del orden público que excede las capacidades de control mediante medidas ordinarias.
El estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días, mientras las autoridades buscan restablecer la normalidad y evitar un mayor impacto en la población.
