La comunidad internacional debe pasar de la observación a la acción para llevar a la justicia a los responsables de posibles crímenes de lesa humanidad, advirtió este jueves (30) el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ante la Asamblea General de la ONU.
El Grupo alertó que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desplegado una política deliberada para silenciar la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y una represión que traspasa sus fronteras.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, destacó la gravedad de que Nicaragua, antaño promotor de la paz en foros internacionales, figure ahora en la agenda de la Asamblea General por el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho.
“La represión en el país ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado”, afirmó.
Hallazgos clave: crímenes de lesa humanidad y máquina represiva
Las investigaciones del Grupo, basadas en más de 1900 entrevistas y 9300 documentos, revelan un patrón de violaciones “graves, sistemáticas y generalizadas” cometidas desde 2018. Según el Grupo, estas acciones constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y persecución.
Los expertos detallaron cuatro fases consecutivas de represión:
- 2018-2020, represión violenta de protestas con ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas
- 2021, represión selectiva para eliminar a la oposición electoral, con detenciones arbitrarias y cierre de medios
- 2022, erradicación de la oposición organizada y la sociedad civil, con el cierre de miles de ONG
- 2023-actualidad, consolidación del poder absoluto y extensión de la represión más allá de las fronteras
La desaparición forzada
El informe señala el “profundamente inquietante” aumento de las desapariciones forzadas. “Refleja una crueldad no solo hacia las personas desaparecidas, sino también hacia sus familiares, que viven en angustia e incertidumbre”, declaró el experto Reed Brody.
Otro instrumento clave de la represión ha sido la privación de la nacionalidad. Al menos 452 nicaragüenses han sido despojados de ella, dejándolos en un estado de apatridia de jure. “Destruye vidas de manera práctica y devastadora: separa familias, bloquea el acceso a la educación o al trabajo y corta el vínculo de las personas con su país”, explicó la experta Ariela Peralta.
Represión transnacional: persecución más allá de la frontera
El Grupo alertó que el Gobierno ha construido una “maquinaria de persecución” que sigue a sus ciudadanos en el exilio. Esta estrategia incluye vigilancia, hostigamiento, amenazas, el uso indebido de mecanismos como las alertas de INTERPOL, y la persecución a familiares que permanecen en Nicaragua.
Un caso emblemático fue el asesinato en junio de 2025 del mayor retirado Roberto Samcam en Costa Rica, un crítico del Gobierno. “Las personas exiliadas que se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo viven en constante miedo”, afirmó Brody.
Los expertos condenaron el retiro de Nicaragua de cinco agencias de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos, calificándolo como una estrategia para “evadir el escrutinio y consolidar la impunidad”. “El aislamiento del Gobierno del sistema multilateral no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad”, sostuvo Simon.
Llamado a la acción concreta de la comunidad internacional
Frente a esta crisis, el Grupo instó a los Estados miembros a pasar de la observación a la acción:
• Protección: Adoptar medidas integrales para proteger a los nicaragüenses en el exilio, tratando a los despojados de nacionalidad como apátridas de jure
• Rendición de cuentas: Llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961
• Sanciones: Ampliar las acciones legales y las sanciones selectivas contra los perpetradores individuales identificados en sus informes
• Apoyo: Reforzar el apoyo financiero y técnico a la sociedad civil nicaragüense y a los medios independientes
“La comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas”, exigió Peralta. “El valor de las víctimas y la persistencia de quienes documentan su sufrimiento demuestran que el cambio sigue siendo posible”.
