Haití continúa inmerso en una profunda crisis política y de seguridad más de tres años después del asesinato del presidente Jovenel Moïse —ocurrido en julio de 2021—, un magnicidio que dejó a la nación caribeña en un escenario de vacío de poder, fragmentación institucional y expansión del crimen organizado. El país, ya debilitado por décadas de inestabilidad, ha visto cómo las pandillas tomaban el control de la capital y extendían su influencia hacia regiones estratégicas del territorio.
Actualmente, Haití es gobernado por un Consejo Presidencial de Transición, encabezado por Laurent Saint-Cyr, cuya misión principal es organizar elecciones generales antes del 7 de febrero de 2026, fecha límite para restaurar un liderazgo legítimo surgido de las urnas. Sin embargo, el proceso avanza con lentitud y sin una hoja de ruta clara.
Durante su primer informe ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General para Haití y jefe de la Oficina Integrada de la ONU en el país (BINUH), advirtió que “la cuenta regresiva ha comenzado, pero aún no se ha establecido una trayectoria estable hacia la restauración de un gobierno democrático”. No obstante, celebró la reciente decisión del Gobierno haitiano de renunciar a la reforma constitucional para concentrar todos los esfuerzos en la organización de los próximos comicios.
Ruiz Massieu alertó que la falta de elecciones podría agravar la crisis de legitimidad institucional, en un contexto donde el Estado ya se encuentra debilitado y sin capacidad plena de control territorial.
Un país rehén de las pandillas
El deterioro de la seguridad es alarmante. Las bandas armadas controlan al menos el 80% de Puerto Príncipe y continúan expandiéndose hacia los departamentos de Centro, Artibonite, Oeste y Noroeste. Solo en los primeros días de septiembre, diversos ataques dejaron más de 80 muertos, dos comisarías incendiadas y cientos de familias desplazadas.
La violencia —que ha provocado el desplazamiento interno de 1,4 millones de personas, más de uno de cada diez habitantes— incluye prácticas sistemáticas como la violación como método de terror y el reclutamiento forzado de menores, algunos de apenas 10 años. Escuelas, hospitales y vías principales permanecen paralizados o bajo control armado, lo que agrava la emergencia humanitaria.
La comunidad internacional responde
Con el objetivo de frenar la escalada, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el 30 de septiembre la creación de una Fuerza de Represión de Pandillas, integrada por 5.500 efectivos militares y policiales. Aunque se trata de una misión internacional externa a la ONU, contará con el respaldo logístico y financiero de una nueva oficina del organismo, con el fin de fortalecer a la Policía Nacional de Haití y recuperar gradualmente el control de las principales rutas y de la capital.
“Esta decisión ha devuelto la esperanza”, afirmó Ruiz Massieu, subrayando que el éxito de la misión dependerá de la disponibilidad real de recursos y del apoyo al sistema judicial haitiano en la lucha contra la corrupción, los crímenes masivos y la violencia sexual. El representante instó además a reactivar un programa nacional de desarme y reintegración, especialmente enfocado en los menores utilizados por las bandas.
