Un juez penal de Ecuador ordenó la apertura de juicio contra diecisiete militares acusados de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de cuatro menores afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil, un caso que ha conmocionado al país y reavivado las denuncias sobre abusos cometidos por fuerzas estatales durante la actual política de seguridad.
Los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto con sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), fueron detenidos de forma irregular por uniformados en los exteriores de un centro comercial del barrio Las Malvinas. Testigos relataron que los adolescentes fueron golpeados y subidos por la fuerza a dos vehículos militares.
Posteriormente, los efectivos afirmaron haberlos trasladado hasta Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, donde aseguraron haberlos dejado libres en una zona rural. Sin embargo, días después, los cuerpos de los menores aparecieron con impactos de bala en sus cráneos.
Testimonios y cooperación eficaz
Durante la investigación, tres de los militares solicitaron cooperación eficaz y admitieron que los adolescentes fueron brutalmente golpeados y humillados antes de ser asesinados. Las autopsias confirmaron que los cuatro menores murieron por disparos en la cabeza.
En la audiencia preparatoria de juicio, un testigo denunció que fue torturado por personal militar para que declarara falsamente que las víctimas habían sido secuestradas por bandas criminales.
Entre los acusados figuran dieciséis soldados que integraban la patrulla responsable de la detención, y un teniente, procesado como cómplice por haber recogido las prendas de las víctimas en una zona rural sin informar a las autoridades judiciales ni a la Fiscalía.
“Es obligación respetar los derechos ciudadanos”
El juez Dennis Ugalde, encargado del caso, acogió la acusación de la Fiscalía y ratificó la prisión preventiva para los procesados, rechazando los pedidos de libertad.
“Es obligación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas respetar los derechos de los ciudadanos”, señaló el magistrado al sustentar su decisión.
El abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, celebró la decisión judicial, destacando que “exactamente diez meses después de la desaparición forzada y posterior ejecución” de los niños, la justicia ha reconocido la existencia del delito.
“Ahora un tribunal deberá determinar la responsabilidad de los 17 militares implicados. Es un paso más en la memoria de los niños de Las Malvinas y un recordatorio para las autoridades que siguen ocultando información sobre las otras 43 desapariciones”, afirmó Bastias.
Contexto: conflicto armado interno y derechos humanos
El CDH ha documentado al menos 43 desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales desde que el presidente Daniel Noboa declaró al país bajo “conflicto armado interno” en enero de 2024, como parte de su estrategia para combatir a las bandas criminales.
El decreto presidencial permitió considerar a estas organizaciones como “grupos terroristas”, otorgando facultades ampliadas a las Fuerzas Armadas y a la Policía para actuar en casos de presunta flagrancia o amenaza a la seguridad pública. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido que esta política ha derivado en graves violaciones de derechos humanos, especialmente en barrios populares y comunidades afrodescendientes.
