A dos días de que expire el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este martes una resolución para transformar la operación en una Fuerza de Represión de las Bandas y establecer una oficina de la ONU en el país para respaldar sus actividades.
El texto, presentado por Estados Unidos y Panamá, obtuvo 12 votos a favor y tres abstenciones (China, Rusia y Pakistán), autorizando a los Estados miembros de la ONU a implementar la medida en estrecha coordinación con el Gobierno de Haití durante un período inicial de 12 meses. La resolución fija un máximo de 5.550 efectivos, compuesto por 5.500 miembros uniformados —entre militares y policías— y 50 civiles.
Tras la votación, el representante estadounidense Michael Waltz subrayó que, frente a la “gravedad extrema” de la violencia de las bandas en Haití, la comunidad internacional no había logrado hasta ahora desplegar una misión con los recursos adecuados. “La votación de hoy rectifica esta situación”, afirmó, señalando que la MMAS logró evitar el colapso total del Estado haitiano, pero sin contar con la envergadura necesaria para cumplir su mandato. Waltz destacó que la nueva fuerza permitirá “compartir la carga” y reiteró el llamado de su país a realizar contribuciones voluntarias para financiar la operación. Asimismo, celebró que el texto encomiende a las autoridades haitianas la elaboración de un plan nacional de seguridad.
Por su parte, el representante panameño Alfaro de Alba resaltó el amplio respaldo regional e internacional que recibió la propuesta. “El pueblo haitiano no podía esperar más”, sostuvo, subrayando que la aprobación envía un mensaje claro de apoyo a una fuerza que “debe disponer de las capacidades necesarias para hacer frente a las bandas”.
Aunque no ejerció su derecho a veto, el delegado ruso Vassily Nebenzia justificó la abstención de su país y calificó la iniciativa como una “aventura peligrosa y mal concebida”. Nebenzia criticó la falta de un mecanismo claro de financiación, el riesgo de otorgar un mandato casi ilimitado para recurrir a la fuerza y el uso del presupuesto ordinario de la ONU. Acusó además a Estados Unidos y Panamá de “buscar la acción en lugar de los resultados” y de cargar a la comunidad internacional con responsabilidades que, a su juicio, deben abordarse mediante el refuerzo de las capacidades del Estado haitiano, la lucha contra el tráfico de armas ilegales y la superación de las consecuencias de reiteradas injerencias extranjeras.
Con esta decisión, el Consejo de Seguridad cumple el papel que le asigna la Carta de las Naciones Unidas y abre un nuevo capítulo en los esfuerzos internacionales para frenar la expansión de las bandas armadas que amenazan la estabilidad del país caribeño. La comunidad internacional aguarda ahora la definición del plan de seguridad que deberá presentar el Gobierno de Haití, considerado esencial para avanzar hacia la recuperación institucional y la reconstrucción socioeconómica del país.
