La secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de Uruguay, Collette Spinetti, confirmó que las intendencias incluirán áreas específicas para la población LGBTQI+. Consideró que territorializar, extenderse y “escuchar y devolver” con acciones es clave.
La funcionaria, acompañada entre otros disertantes como la diputada del FA, María Inés Obaldía, explicaron que el desafío es seguir territorializando las políticas, escuchando, construyendo junto a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, “que son quienes nos dicen lo que está pasando”, mientras que el Estado debe contar con herramientas para brindar soluciones.
Obaldía, por su parte, consideró que las leyes no cambian por sí solas la realidad, sino la apropiación social de los derechos. Dijo que “el gozo de los derechos compartidos socialmente vuelve todo más fácil, se vuelve vivencia” y que, desde que lo es, fluye y no hay que reclamarla.
Lamentablemente, la oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay, es selectiva al momento de fijar prioridades y se olvida de sectores vulnerables que necesitan ser tomados en cuenta para que exista una verdadera inclusión. El lenguaje de señas es una prioridad
Collette Spinetti, dijo que, cuando se habla de comunidad LGBT, no se trata de abstracciones, sino de niños que deben crecer libres de discriminación en sus escuelas, jóvenes que buscan trabajo y son rechazados por su orientación sexual o identidad de género, personas trans que necesitan real acceso a salud y vivienda, personas mayores LGBTIQ+ que vivieron gran parte de su vida escondidas, y hoy merecen reconocimiento y dignidad.
¿Y las personas sordomudas, para su integración, estudios y trabajo, no merecen la misma consideración? ¿Acaso creen que porque en los informativos de televisión se incluya el lenguaje de señas el tema está solucionado?
Esta administración destaca que colaboró en el Plan de Educación Sexual Integral y la Guía de la Diversidad en torno a la educación. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyó la renovación del mandato del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género Graeme Reid, entre otras acciones internacionales. Además, desplegó otras, institucionales, para fortalecer la garantía de los derechos humanos, incluida la situación de personas privadas de libertad, sobre todo, trans.
El subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, dijo que el camino es escuchar y ser claros con el rumbo y las prioridades para evitar que desaparezca lo consolidado. Afirmó que se revisará la Ley Integral para Personas Trans y reconoció que el mayor déficit es la cuota laboral.
Instrumentar acciones para que se incluyan cursos de lenguaje de señas para funcionarios públicos y población en general, es una necesidad imperiosa de urgente planificación.
Solo así, los derechos serán verdaderamente derechos y humanos.
