El Gobierno de Ecuador anunció este sábado que su sede se trasladará desde hoy y de forma temporal a la provincia de Cotopaxi (norte), a poco más de 108 kilómetros de Quito, mientras la sede de la Vicepresidencia se instalará en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura (norte), a unos 90 kilómetros de la capital del país.
“Esta decisión refleja el compromiso del Gobierno de estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía”; señaló la Presidencia en un comunicado oficial.
Además del comunicado, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo número 127, en el cual justifica la decisión de desconcentrar el Gobierno en “cualquier parte del territorio nacional” y alegó que “esta medida no afecta el equilibrio y separación de poderes, ni se modifica la capital del país”.
El artículo uno de dicho decreto ejecutivo se refiere al traslado de la Presidencia y el artículo número dos a la decisión de instalar de forma temporalmente, igualmente, la sede de la Vicepresidencia del país a Otavalo.
El Gobierno dio a conocer esta decisión luego que varios gremios y organizaciones sociales informaran sobre la realización de asambleas permanentes tras la eliminación del subsidio al diésel y el consecuente aumento de los combustibles, entre estos el partido Unidad Popular (izquierda); la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (Sintep); la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha; y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
El Ejecutivo ecuatoriano anunció el viernes que procederá a eliminar el subsidio del diésel para destinar los recursos a los más necesitados en el país, pero descartó que el pasaje del transporte público vaya a elevarse debido a la entrega de un monto mensual al sector transportista.
“Durante décadas, el subsidio al diésel representó una carga de 1.100 millones de dólares para las cuentas fiscales, sin llegar realmente a quienes lo necesitaban, pues gran parte de estos recursos se desviaban al contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos. Por ello, el Gobierno ha decidido redireccionar esos fondos para destinarlos a programas que generen un verdadero impacto social y productivo”, señaló la Presidencia en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X donde dio a conocer varias medidas económicas.
En el texto se precisó que “el pasaje no subirá ni un solo centavo”, debido a que 23.300 choferes de la modalidad de transporte de pasajeros recibirán entre 400 y 1.000 dólares mensuales.
“Este mecanismo, que representa una inversión de 220 millones de dólares, ya está listo y en funcionamiento, y significa una compensación a todos los usuarios y operadores del transporte público urbano, inter e intraprovincial”, indicó el comunicado.
Además se dio a conocer que mediante el Plan Nuevo Transporte se podrá renovar las unidades que prestan este servicio, para lo cual se entregarán otros 150 millones de dólares, lo cual consiste en un bono de chatarrización de hasta 20.000 dólares y también créditos a una tasa preferencial subsidiada del nueve por ciento.
Además, el Gobierno prometió el pago de una deuda histórica de 80 millones de dólares al transporte de pasajeros y una inversión de 10 millones en vehículos para seguridad en vías, así como otros 23 millones de dólares en zonas de descanso y en controles de peso y dimensiones en la red vial estatal.
Se prevé también una compensación económica de tres meses para los sectores de transporte comercial, como son de carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico.
Estas medidas fueron anunciadas simultáneamente en un video difundido, donde cuatro ministros, encabezados por la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, detallaron la decisión gubernamental. (Sputnik)
