El Comando de la Tercera División del Ejército de Colombia informó a la opinión pública que, en el marco de la Operación Perseo II, desarrollada en el cañón del Micay, departamento del Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 fueron objeto de una asonada el pasado 7 de septiembre en la vereda Los Tigres, corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo.
De acuerdo con el reporte oficial, aproximadamente 600 personas, presuntamente en connivencia con integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) estructura Carlos Patiño, obstaculizaron las labores de las tropas con el fin de impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales en la zona. Estas acciones, según el Ejército, tendrían como propósito favorecer el control de rutas empleadas para el narcotráfico y la minería ilegal.
“El campesinado de (la zona del cañón del) Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen (a) los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de dialogo está lista”, expresó el presidente colombiano, Gustavo Pedro, en X.
Como consecuencia de los hechos, 45 uniformados permanecen privados de la libertad bajo la modalidad de secuestro.
El Ejército Nacional calificó la situación como una grave violación a los derechos fundamentales y a la Constitución, recordando que estas conductas constituyen delitos tipificados en el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), tales como secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.
Acciones legales y llamado a la comunidad
La institución castrense anunció que interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Asimismo, exhortó a las comunidades de la región a suministrar información que permita la judicialización de los autores de este hecho delictivo.
La Tercera División reiteró su rechazo categórico a la instrumentalización y constreñimiento de la población civil, al tiempo que hizo un llamado a los organismos internacionales defensores de derechos humanos para que se pronuncien frente a este tipo de acciones de grupos al margen de la ley, quienes continúan afectando a las comunidades más vulnerables mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico.
Presencia en la zona y compromiso institucional
El Ejército Nacional aseguró que mantiene presencia en la zona del cañón del Micay, adelantando gestiones para restablecer el orden y garantizar el regreso de los uniformados secuestrados. De igual manera, reiteró su compromiso con la protección de la población civil y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
