El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, recibió en La Haya a la vicepresidenta ejecutiva de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez, mientras se dilata inexplicablemente la condena contra el régimen de Maduro, acusado de delitos de lesa humanidad.
Las pruebas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela son contundentes, sostienen destacados juristas y organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Right Watch, entre otros, en una investigación que se acerca a los cinco años y con el sospechoso silencio de la CPI.
Como será de sugestiva la inacción del anterior fiscal, Karim Khan, que días atrás la propia CPI le ordenó que se apartara del cargo, por un posible conflicto de intereses.
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó por decisión unánime al cuestionado fiscal Karim Khan, que se aparte del caso sobre la situación de derechos humanos en Venezuela por posible conflicto de interés.
“La Sala de Apelaciones considera que existen motivos para creer que existe una causa de recusación del Fiscal y que este tiene la obligación, de conformidad con la regla 35 del Reglamento de Procedimiento y Prueba, de solicitar ser apartado de la situación de Venezuela”, explica la CPI sobre la decisión y la cual también añade que el fiscal Khan tiene un plazo de tres semanas para cumplir con dicha orden de apartamiento.
El proceso que ha desembocado en esta decisión se remonta al 7 y 8 de noviembre de 2022, cuando Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal, es parte del equipo de representantes legales del gobierno venezolano. La cuñada del fiscal representa a la dictadura de Venezuela.
Según las denuncias, el fiscal Khan tiene pruebas suficientes para condenar al régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos, pero ha guardado sospechoso silencio que se entiende es para favorecer al chavismo y la resolución de la CPI lo confirma.
Delcy Rodríguez, la representante de la dictadura chavista en La Haya
La nefasta representante del gobierno de facto de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha ido presurosa a pedir una reunión con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang para intentar revertir la condena que se aproxima contra la dictadura chavista.
Por su cuenta y sin contar con la palabra oficial de la CPI, Rodríguez dijo que en Venezuela «no se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma«.
Ya es hora que la CPI se defina y condene a un régimen autoritario que abusa y somete en forma brutal al pueblo venezolano.
