Una enorme contradicción se registra en Brasil en medio de la crisis por los aranceles aplicados al país norteño por la administración de Donald Trump, donde además el Departamento de Estado expresa en un comunicado que “Estados Unidos está sancionando al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, por graves abusos a los derechos humanos, incluyendo detención arbitraria que implica denegaciones flagrantes de garantías de un juicio justo y violaciones de la libertad de expresión.
Moraes abusó de su autoridad al participar en una iniciativa selectiva y políticamente motivada, diseñada para silenciar a los críticos políticos mediante la emisión de órdenes secretas que obligaban a las plataformas en línea, incluidas las empresas estadounidenses de redes sociales, a bloquear las cuentas de personas que publicaran información protegida. Moraes también abusó de su cargo para autorizar detenciones preventivas injustas y socavar la libertad de expresión.
Moraes está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, que se basa en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos y la implementa”.
Por su parte el presidente Lula da Silva, emitió un comunicado en el que afirmó que Brasil es un país soberano y democrático, respetuoso de los derechos humanos y de la independencia de los poderes públicos. “Un país que defiende el multilateralismo y la convivencia armoniosa entre las naciones, lo que ha garantizado la fortaleza de nuestra economía y la autonomía de nuestra política exterior. La injerencia del gobierno estadounidense en el sistema de justicia brasileño es inaceptable”, declaró el presidente.
Las contradicciones
Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal (STF), tiene además de Moraes, señalado como un juez afin a Lula, a otros dos magistrados bajo sospecha: Cristiano Zanin, abogado personal del mandatario que lo defendió en causas judiciales y que meses atrás fue impuesto en ese cargo por Lula da Silva quien días después digitó en el STF a otro de sus amigos, Flávio Dino, anunciando públicamente que estaba orgulloso de nombrar como magistrado del alto tribunal a un miembro del Partido Comunista de Brasil.
Lula invitó a los jueces a una cena en el Palacio de la Alvorada este jueves por la noche (31)
La reunión fue programada para manifestar apoyo al ministro Alexandre de Moraes y a la Corte un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones financieras contra Moraes, con base en la Ley Magnitsky, una ley norteamericana que prevé la aplicación de restricciones a quienes sean considerados violadores de derechos humanos .
Los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) han sido invitados. El presidente, Luís Roberto Barroso, y los magistrados Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin y Moraes estarán presentes en la cena.
También están presentes el Procurador General de la República, Paulo Gonet; el Ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el Procurador General de la Unión, Jorge Messias.
La aplicación de la Ley Magnitsky es la segunda sanción impuesta a Alexandre de Moraes
