Para la oposición y para los analistas políticos, las órdenes impartidas por el magistrado del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, Alexander de Moraes, condenan a cumplir penas a familiares que conviven con Jair Bolsonaro en la prisión domiciliaria dictada al expresidente.
Moraes ha ordenado la prohibición de usar redes sociales, como también la del uso del teléfono celular y queda inhabilitado para el uso de dispositivos, ya sea de forma directa o a través de terceros, y no puede sacar fotos ni grabar imágenes.
Las dos hijas de Bolsonaro, Laura y Letícia, están autorizadas a ver al expresidente igual que su esposa Michelle, ya que todos viven en el mismo domicilio en Brasilia. De hecho, las tres mujeres – que no están acusadas de nada – también tienen prohibido, por extensión de la pena, recibir visitas en la residencia familiar, como tampoco publicar mensajes o fotos en las redes sociales.
Analistas jurídicos opinan que el juez Alexander de Moraes se ha extralimitado porque no puede obligar y menos censurar la libertad de expresión de personas que no integran la causa judicial y que tampoco son acusadas de algún delito.
Diputados y senadores de la oposición han firmado un pedido de “impeachment” (proceso de destitución), porque no lo consideran imparcial en sus decisiones.
Los opositores entienden que Moraes es el “brazo ejecutor” de las órdenes de Lula da Silva y que no puede permanecer un minuto más en el cargo, porque no hay independencia de poderes en Brasil.
