El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha concluido que las autoridades españolas deberían intensificar sus esfuerzos para implementar las reformas previstas para fortalecer los mecanismos anticorrupción en lo que respecta a las altas funciones ejecutivas del gobierno central y los organismos encargados de hacer cumplir la ley (Policía Nacional y Guardia Civil).
En un informe de seguimiento publicado hoy, GRECO concluye que, en relación con su Informe de Evaluación de la Quinta Ronda , adoptado en 2019, España ha implementado parcialmente dieciséis recomendaciones y no ha implementado tres.
En su informe de cumplimiento más reciente, adoptado durante su sesión plenaria de junio de 2025, GRECO señala la falta de acción decisiva y resultados tangibles en relación con las recomendaciones emitidas respecto a las altas funciones ejecutivas del gobierno central. Si bien iniciativas como el Plan de Acción para la Democracia, ya adoptado, y en particular la Ley de Administración Abierta, aún pendiente de adopción, proponen mejoras, su implementación sigue pendiente.
El informe también destaca que la ausencia de capacitación sobre el Código de Conducta para personas con altas funciones ejecutivas, así como los retrasos en la implementación de una estrategia de integridad, subrayan la necesidad de una acción más sistemática.
Las medidas de transparencia han mejorado con la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Oficiales el 1 de enero de 2024 en España, pero GRECO expresa su preocupación por los largos plazos de respuesta y el acceso público. Además, el Consejo para la Transparencia y la Buena Gobernanza ha ganado mayor independencia, aunque su plena capacidad sancionadora aún está pendiente de aprobación legislativa.
GRECO señala que los esfuerzos para regular el cabildeo aún no se han materializado en la práctica, y el requisito de publicación de las agendas sigue siendo una cuestión pendiente. Además, las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de declaración financiera requieren mayor refuerzo, en particular en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. La Oficina de Conflictos de Intereses sigue careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio.
Además, GRECO señala que no se han tomado medidas para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (el llamado aforamiento).
Respecto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, GRECO concluye que los avances en la aplicación de sus recomendaciones han sido dispares, con algunos avances pero deficiencias persistentes.
La Policía Nacional ha realizado evaluaciones de riesgos y acciones de supervisión, pero aún falta una estrategia específica contra la corrupción. El Código de Conducta de 2013 aún no cuenta con medidas prácticas de implementación, y el reclutamiento y los nombramientos discrecionales aún requieren mayor transparencia. GRECO reconoce los esfuerzos regulatorios en la capacitación policial, pero considera que las mejoras estructurales en ética e integridad siguen siendo incompletas.
La Guardia Civil ha mostrado mayores avances, en particular mediante el desarrollo del Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) y el Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP). Estas iniciativas introducen evaluaciones de riesgos y formación estructurada, integrando medidas de prevención de la corrupción en estrategias más amplias. Sin embargo, iniciativas clave, como el Protocolo de Buenas Prácticas, aún están pendientes de adopción.
El informe acoge favorablemente las mejoras en los mecanismos de denuncia interna y la protección de los denunciantes tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, pero señala que sus regímenes disciplinarios siguen siendo inadecuados.
El GRECO concluye que España no cumple adecuadamente con las recomendaciones y solicita a las autoridades españolas que presenten un informe sobre los avances en su implementación antes del 30 de junio de 2026. En aplicación de su reglamento interno, en el informe, el GRECO invitó al Secretario General del Consejo de Europa a enviar una carta al Ministro de Asuntos Exteriores de España para llamar la atención sobre el incumplimiento de las recomendaciones pertinentes y la necesidad de tomar medidas decididas para lograr avances tangibles lo antes posible.
