Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que operaba desde pisos prostíbulos ubicados en la localidad de Gandía (Valencia). La red captaba a mujeres en su mayoría de nacionalidad colombiana, a las que engañaba con falsas promesas de obtener grandes beneficios económicos ejerciendo la prostitución en España.
Las víctimas, jóvenes de entre 18 y 25 años en situación de vulnerabilidad económica, eran contactadas en su país de origen por colaboradores de la red, quienes las convencían para viajar a España. Una vez aceptaban, el líder de la organización, de forma remota, mantenía videollamadas con ellas para reforzar la promesa de estabilidad económica. La red criminal se encargaba de costear los billetes de avión y otros gastos del viaje. Antes de partir, las mujeres eran instruidas para aparentar ser turistas a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y evitar así el control fronterizo.
Sin embargo, al llegar a España, la realidad era muy distinta. Las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en un piso prostíbulo en Gandía bajo condiciones extremas. Algunas contraían una deuda con la organización que debían “saldar” trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin posibilidad de descanso, sin libertad para rechazar a los clientes ni abandonar la vivienda sin supervisión. A quienes no tenían deuda, se les imponía un reparto forzoso de beneficios del 50%.
Además, las víctimas eran obligadas a realizar sesiones fotográficas para promocionarse en anuncios por internet. En el momento en que un cliente acudía al piso, debían presentarse en ropa interior para ser seleccionadas. No podían negarse a prestar ningún tipo de servicio sexual ni elegir a los clientes. Si un encuentro ocurría fuera del domicilio, una persona de la organización era la encargada de acompañar a la víctima y devolverla inmediatamente al finalizar el servicio.
Las investigaciones también revelaron que las mujeres eran forzadas a consumir drogas, como cocaína o tusi, si los clientes lo requerían, incluso si nunca antes las habían consumido. El objetivo era prolongar su resistencia física y aumentar los beneficios. Los proxenetas también ofrecían potenciadores sexuales y anabolizantes a los clientes.
La red estaba compuesta por personas de origen colombiano y búlgaro. Además de la explotación sexual, los implicados se dedicaban al blanqueo de capitales mediante transacciones a través de monederos virtuales y transferencias internacionales a países como Bulgaria. Parte de los beneficios eran invertidos en bienes muebles e inmuebles. También figuraban como trabajadores autónomos en actividades legales aparentes, como talleres mecánicos, para justificar los ingresos ilícitos.
La operación se inició en 2024 tras la desarticulación de una red similar en Málaga, con la que intercambiaban víctimas. El testimonio de una mujer explotada permitió a los investigadores seguir el rastro hasta Gandía. La organización planeaba expandirse y abrir nuevos pisos en la misma localidad, algo que fue frustrado gracias a la intervención policial.
Como resultado del operativo, han sido detenidas siete personas y liberadas seis mujeres. Se realizaron siete entradas y registros en inmuebles, uno de los cuales ha sido clausurado. Durante los registros se incautaron más de 15.870 euros en efectivo, once vehículos, catorce teléfonos móviles, diversas cantidades de cocaína y tusi, 250 dosis de potenciadores sexuales, material anabolizante, documentación relevante y se bloquearon diez cuentas bancarias vinculadas a las actividades delictivas.
