Condenan a menor de 15 años por ataque armado que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

El adolescente aceptó los cargos durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto en la que reconoció haber disparado contra Uribe Turbay en el barrio Modelia occidente de Bogotá

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Miguel Uribe, herido de gravedad tras atentado- Foto RRSS

El proceso judicial que rodea el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay dio un paso clave esta semana, luego de que un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionara con siete años de privación de libertad en un centro especializado al menor de 15 años que ejecutó el ataque.

El adolescente aceptó los cargos durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, en la que reconoció haber disparado contra Uribe Turbay en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Tras esa declaración y la valoración de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación, el juez concluyó la sanción que ahora marca un precedente en el caso.

De acuerdo con la investigación, el joven no actuó solo. Fue contactado y persuadido para llevar a cabo el ataque. El 7 de junio, a bordo de un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Minutos después, descendió del carro y caminó hasta el parque El Golfito, donde Uribe Turbay participaba en una concentración política. Allí abrió fuego contra el entonces precandidato presidencial.

La reacción del esquema de seguridad del senador fue inmediata. En plena huida, el joven atacante fue interceptado y entregado a las autoridades, lo que permitió su rápida judicialización. Inicialmente, los cargos fueron por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. Sin embargo, siete días después, Uribe Turbay falleció a raíz de las graves heridas sufridas en el atentado, lo que dio mayor peso al proceso.

La sanción impuesta corresponde a una primera instancia y, como lo contempla la ley, todavía pueden interponerse recursos.