En una contundente respuesta institucional, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, anunció una serie de medidas para reforzar el control sobre la población penitenciaria extranjera en Chile. Esto, tras la polémica liberación del ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario venezolano vinculado al Tren de Aragua, quien fue excarcelado el pasado 10 de julio tras un grave error de identificación y hoy se encuentra prófugo, con una orden de captura internacional emitida por Interpol.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó este lunes para abordar el caso. En la instancia participaron el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez. El objetivo: esclarecer los fallos del sistema que permitieron la liberación del imputado por el asesinato del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
Durante su exposición, el fiscal Valencia anunció una medida inédita: la revisión de todos los casos de personas privadas de libertad, con énfasis en aquellos de nacionalidad extranjera, para verificar que no existan registros duplicados, identidades falsas o errores administrativos que permitan vulnerar la justicia.
“No podemos permitir que individuos ingresen al sistema penitenciario con nombres falsos y luego logren evadir la justicia”, recalcó Valencia. “Si se cometió un error en este caso, eso es materia de investigación, pero nuestra labor es evitar que esto vuelva a ocurrir”.
El fiscal nacional calificó como “inciertos” varios detalles del proceso que terminó con la excarcelación del presunto sicario, y subrayó que toda responsabilidad penal o administrativa será determinada por las indagaciones en curso.
Por su parte, el ministro Gajardo calificó el hecho como “gravísimo” y expresó la total disposición del Ejecutivo para colaborar con el Ministerio Público, agregando que existe una única resolución judicial dictada en audiencia y diferentes comunicaciones. Estas disponen, por un lado, dejar sin efecto la medida cautelar y, por otro, el ingreso a prisión preventiva.
“Todas son comunicaciones que salen desde el tribunal, a través de los mecanismos oficiales (…) Si hay algún tipo de responsabilidad, eso está en investigación”, relató el secretario de Estado.
El secretario de Estado aseguró que el Ministerio de Justicia está impulsando medidas internas de coordinación para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, además de mejorar los flujos de información entre tribunales, Gendarmería y el Ministerio Público.
Desde Gendarmería, el director (S) Rubén Pérez aseguró que todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía y que ya se están realizando diligencias internas para identificar posibles fallas administrativas. Asimismo, afirmó que el organismo está colaborando plenamente con las autoridades y que se han activado procedimientos internos para esclarecer los hechos.
Una de las claves del caso es la confusión identitaria: Alberto Mejía fue registrado en el sistema penitenciario bajo el nombre de Osmar Ferrer, lo que impidió vincularlo de forma oportuna a causas penales previas. Este error permitió que el acusado por homicidio saliera en libertad, sin que se activaran las alertas correspondientes.
