El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, es un personaje singular, que se suma a las causas de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que fue elegido para el cargo por el Consejo de ministros del PSOE y el presidente socialista le defiende.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado había dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar confirmados los indicios de presunto delito de revelación de secretos contra ambos en la instrucción desarrollada en los últimos meses.
El auto señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal del caso que se seguía contra dicha persona. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.
El magistrado instructor destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.
Al nivel indiciario propio del momento procesal en que se encuentra la causa, el magistrado señala que, a su juicio, cabe presumir como hechos que “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.
Añade que dichas comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida con la Fiscal Jefe Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, minutos después de las 21:29 horas, tras la cual, ésta realizó un par de llamadas telefónicas al Fiscal encargado del caso, Julián Salto Torres, para solicitarle, por encargo del Fiscal General del Estado que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo.
Entre esos correos, que la fiscal jefe remitió al fiscal general, figuraba uno de 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal del caso, con el siguiente asunto ‘Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública’. Dicho correo, según indica el auto, concluía diciendo: “les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.
Añade que el desarrollo de la instrucción ha puesto de relieve que “el investigado, a diferencia de la investigada, ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos, lo que, al ser así, gracias a ese aseguramiento de prueba que se tuvo presente desde el primer momento, podría haber permitido acceder a una información, presumiblemente relevante, como apunta a ello la propia circunstancia de hacerla desaparecer, quedando, con ello, frustrada una parte de la investigación que podría haberse acordado y ser útil, sobre el material que se pretendía asegurar para un eventual análisis”.
Al rescate de Pedro Sánchez
Hoy, el fiscal García Ortiz, sale en ayuda de Sánchez y a pesar de ser un procesado por un hecho delictivo, se niega a renunciar y pide casi cuatro años de prisión para el novio de Ayuso en plena ola de corrupción del PSOE.
Según informa OKDIARIO, la Fiscalía de Sánchez pide casi cuatro años de prisión para el novio de Ayuso como cortina de humo para tapar la corrupción del PSOE. El fiscal, según ha podido saber OKDIARIO, ha presentado esta mañana del 16 de julio en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid su escrito de acusación sobre la pieza central de la investigación a Alberto González Amador.
