
La independencia de poderes en Brasil está en serio cuestionamiento luego de que este viernes (18), la Justicia de ese país ordenara la colocación de una tobillera electrónica al expresidente Jair Bolsonaro, junto a la prohibición de usar redes sociales y tampoco comunicarse con su hijo y con diplomáticos extranjeros, en la causa donde se investiga un golpe de Estado que habría incentivado el exmandatario de derechas.
La polémica surge porque los magistrados que trabajaron en las acusaciones contra Bolsonaro, son cercanos al presidente Lula da Silva, fueron designados por él en esos cargos y esto provoca sospechas de parcialidad premeditada en sus sentencias.
Alexandre De Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin, según analistas judiciales serían jueces afines al presidente Lula da Silva y Dino, primer ministro del STF, que declaró ser comunista, que junto a Zanin, abogado personal del actual presidente y que fueron impuestos en sus cargos por Lula.

Con estas designaciones de sus amigos en el STF, igual el presidente izquierdista, dijo que “en Brasil existe la independencia de poderes” y generó enormes suspicacias.
“La Justicia del Foro de Sao Paulo”
El periodista Geraldo Goulart Neves dijo en redes sociales que ” (Alexandre de) Moraes actúa como investigador, fiscal y juez al mismo tiempo, especialmente en investigaciones del STF, como: la de las milicias digitales, los actos del 8 de enero, En el supuesto intento de golpe de Estado, esta acumulación de funciones desborda la estructura tradicional del proceso penal.
Por su parte, “El Partido Liberal (PL) expresa sorpresa y repudio por la acción de la Policía Federal realizada este viernes (18), que incluyó órdenes de allanamiento en la residencia del presidente Jair Bolsonaro y en la sala que ocupa en la sede nacional del partido” y señala que “Si el presidente Bolsonaro siempre ha estado disponible para las autoridades, ¿Qué justifica tal actitud?” y agrega “El PL considera desproporcionada la medida determinada por el Supremo Tribunal Federal, especialmente por la falta de resistencia o negativa del presidente Bolsonaro a colaborar con todos los órganos de investigación”.
Por otro lado, analistas políticos acusan que esta es “la Justicia del Foro de Sao Paulo”.