Una profunda controversia ha sacudido al sistema judicial chileno tras conocerse la liberación de Osmar Ferrer Ramírez, ciudadano venezolano imputado por el homicidio calificado del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, asesinado el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa.
Ferrer, junto a otros dos coimputados, también de nacionalidad venezolana, había sido formalizado por su presunta participación en un crimen calificado por la fiscalía como un acto de sicariato, donde los atacantes habrían recibido pagos por ejecutar el homicidio. El fiscal coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) indicó en su momento que se trató de un “homicidio calificado” y que los acusados representaban “un peligro para la sociedad”.
A pesar de que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para los tres sujetos la noche del 9 de julio, Ferrer fue excarcelado menos de 24 horas después, el 10 de julio, mediante una orden judicial firmada electrónicamente por la jueza Irene Rodríguez, la misma magistrada que previamente había decretado su ingreso a prisión. La situación se conoció públicamente la noche de este lunes, generando desconcierto y alarma en las autoridades y en la opinión pública.
Desde Gendarmería confirmaron que la orden de liberación fue recepcionada por los canales regulares, descartando la posibilidad de un documento apócrifo. El Poder Judicial, por su parte, explicó que la confusión podría haberse originado en una cadena de resoluciones emitidas con pocos minutos de diferencia el 9 de julio, donde se habría corregido la identificación del imputado, lo que podría haber generado una contradicción en las instrucciones enviadas al sistema penitenciario.
Reacciones institucionales: investigación y revisión de protocolos
Frente a la gravedad de lo ocurrido, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunciaron este martes la conformación de una mesa técnica de trabajo para revisar los protocolos de comunicación entre el Poder Judicial, la Fiscalía y Gendarmería.
“Realmente es una situación muy grave. Ya lo que corresponde es iniciar las investigaciones administrativas y también investigar penalmente los hechos”, declaró Chevesich tras una reunión en el Palacio de Tribunales. La autoridad aseguró que se tomarán medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
En la misma línea, el Fiscal Nacional aseguró que se revisarán “todos los procesos de trabajo respecto al chequeo y contrachequeo de las órdenes de prisión preventiva y libertades de imputados con peligrosidad especial”, enfatizando la necesidad de fortalecer las comunicaciones entre instituciones para hacer frente al crimen organizado.
Por su parte, el ministro Gajardo agregó que el foco de la nueva instancia será “perfeccionar los sistemas de control” y garantizar que en casos de alto impacto social y criminal “no se produzcan vacíos administrativos que permitan la excarcelación de personas peligrosas”.
