La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en los controles de tránsito realizados por Carabineros de Chile en la Región Metropolitana, en un periodo que abarca desde enero de 2023 hasta junio de 2024. Según el informe N°158-2025, emitido recientemente, la policía uniformada no recuperó 626 vehículos que registraban encargo por robo, a pesar de que fueron fiscalizados durante procedimientos policiales. De ese total, al menos 358 seguían figurando como robados al 13 de noviembre de 2024.
El mismo informe advierte que 144 personas con órdenes de detención vigentes por delitos graves —como abuso sexual, tráfico de drogas, microtráfico, porte ilegal de armas e infracciones a la Ley de Tránsito— no fueron detenidas, a pesar de haber sido controladas por funcionarios de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros.
Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría anunció la instrucción de un sumario administrativo en la institución para determinar eventuales responsabilidades internas. Además, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público, que evaluará posibles acciones penales.
El informe también cuestiona la ejecución de los procedimientos de retiro vehicular. Durante el período auditado, Carabineros emitió 869 boletas de citación por infracciones que, conforme a la normativa vigente, debían derivar en el retiro inmediato de los vehículos de circulación. Sin embargo, dichos retiros no se concretaron. La Contraloría constató que muchos de los automóviles fiscalizados circulaban sin placa patente, sin permiso de circulación, sin revisión técnica o con identificadores vehiculares adulterados o borrados.
En sus descargos, Carabineros argumentó, entre otros puntos, que una ordenanza de la Municipalidad de Melipilla ha impedido el retiro de vehículos infractores, debido a que el aparcadero municipal se encuentra colapsado desde 2024. Esta situación fue también objeto de observación por parte de la CGR, que instruyó al municipio a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la normativa sobre aparcaderos y derivó el caso a la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades para la realización de una auditoría.
Otro aspecto crítico identificado en el informe es que, en al menos 145.715 controles vehiculares realizados durante el período revisado, Carabineros no consultó el estado de las patentes en el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV). Esta omisión impidió verificar si los automóviles estaban sujetos a encargo por robo u otras restricciones.
La Contraloría también evidenció la falta de dispositivos tecnológicos adecuados para realizar controles específicos, como la medición del nivel de transmisión luminosa de vidrios polarizados, lo que limita el cumplimiento de la normativa que regula este tipo de modificaciones en los vehículos.
A esto se suma una serie de deficiencias estructurales en los procedimientos policiales. La auditoría constató la ausencia de protocolos estandarizados para el uso de sistemas como SUEV y SIO (Sistema de Información Operativa), la falta de revisión y validación de los registros ingresados en AUPOL y la inexistencia de normativas que regulen de manera clara la operatividad de los controles vehiculares.
Como medida correctiva, la CGR instruyó a Carabineros confeccionar y remitir un protocolo para el uso del sistema SUEV, establecer responsables y detallar las acciones que se adoptarán ante su incumplimiento. Asimismo, se solicitó acreditar, en un plazo de 60 días hábiles, el estado de avance del proyecto de adquisición de equipamiento especializado para medir el nivel de opacidad de los vidrios automotrices.
