La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cinco policías en servicio activo, uno en servicio pasivo y dos civiles, presuntamente involucrados en una red criminal dedicada a la sustracción y comercialización de municiones de dotación policial. El caso ha sido denominado “Depuración Azul” y se enmarca en una investigación por delincuencia organizada.
Durante la madrugada de este 4 de julio se desarrolló la audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía –a través de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción– presentó elementos de convicción obtenidos desde el inicio de la investigación, el 13 de enero de 2025. Entre estos figuran informes de seguimientos y vigilancias, interceptaciones telefónicas, y análisis de relacionamiento entre los involucrados. Todas las diligencias fueron debidamente autorizadas por un juez competente.
Modus operandi
Según la investigación fiscal, el cabo Francisco P., quien se desempeñaba en el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía Nacional, habría sido el responsable de sustraer municiones calibre 5.56 mm para fusiles y 9 mm para pistolas, destinadas exclusivamente al uso policial.
Estas municiones eran entregadas a redes delictivas con la colaboración de otros policías, quienes actuaban como enlaces y facilitadores de la operación. Parte del material bélico habría sido trasladado mediante un taxista –también procesado– y a través de empresas de transporte interprovincial, con destino principal a la provincia de Guayas.
Medidas judiciales
Como resultado de la audiencia, la Jueza de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para siete de los ocho procesados. En el caso de una de las implicadas, se dispusieron medidas sustitutivas, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, debido a su rol como cuidadora principal de hijos menores y al hecho de que su pareja sentimental también recibió prisión preventiva.
Operativo simultáneo en cuatro provincias
El 3 de julio de 2025, en horas de la mañana, la Fiscalía lideró el operativo Depuración Azul en coordinación con la Policía Nacional. La acción incluyó allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi.
Durante los operativos se incautaron indicios relevantes, entre ellos armas de fuego, municiones de dotación, equipos informáticos y documentación relacionada con la organización criminal. Todos los elementos fueron ingresados en cadena de custodia para su análisis pericial.
La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, especialmente cuando involucran a miembros de la fuerza pública, cuya misión debe ser la protección de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de la ley.
