En una contundente votación, la Sala de la Cámara de Diputados de Chile aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y la empresa privada SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. El documento fue respaldado por 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.
El informe cuestiona duramente el proceso mediante el cual se suscribió este acuerdo, calificándolo como perjudicial para las arcas fiscales y carente de transparencia. En concreto, solicita dejar sin efecto tanto la asociación entre Codelco y SQM como la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga.
Críticas al proceso y cuestionamientos de legalidad
Entre sus principales conclusiones, la instancia parlamentaria advierte que el acuerdo representa un “perjuicio gigantesco a las arcas fiscales”, principalmente por haber descartado una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional. En su lugar, se optó por un trato directo con SQM, empresa que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en el pasado, incluyendo su vinculación al caso de financiamiento irregular de la política chilena.
Según el informe, el Estado pudo haber percibido ingresos inmediatos cercanos a los US$6.700 millones si se hubiera optado por un proceso licitatorio. En cambio, el acuerdo actual contempla beneficios sujetos a las fluctuaciones del precio internacional del litio, lo que, según los legisladores, representa un riesgo para los intereses públicos.
Además, se señalaron dudas fundadas respecto a la conveniencia y legalidad del procedimiento, así como una falta de criterios técnicos, económicos y ambientales transparentes. La Comisión también calificó como “una mentira y una mala fe pública” el argumento del “valle productivo” —es decir, un supuesto periodo sin producción entre contratos— utilizado por Corfo, SQM y Codelco para justificar el trato directo.
Recomendaciones: licitación internacional y creación de empresa nacional
El informe aprobado recomienda llevar a cabo un nuevo proceso de adjudicación, mediante una licitación internacional, pública, abierta y transparente, privilegiando la mejor oferta en términos sociales, ambientales y económicos para el país.
También propone revisar y ampliar el proceso de consulta indígena, que ha sido considerado parcial y meramente formal, sin una participación real de las comunidades afectadas por los proyectos en los salares.
Asimismo, se plantea la necesidad de establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas o falten a los principios de transparencia y rendición de cuentas, a fin de evitar la repetición de errores en la gestión de recursos estratégicos.
Contexto: política nacional del litio y falta de información al Congreso
El acuerdo entre Codelco y SQM se produjo en el marco de la Política Nacional del Litio, lanzada por el presidente Gabriel Boric en 2023. Esta política busca agregar valor a la cadena productiva del litio, capacitar trabajadores y promover el desarrollo tecnológico del país.
Sin embargo, la suscripción del memorándum de entendimiento entre ambas empresas generó sorpresa y críticas, dado que Corfo otorgó el mandato a Codelco para negociar con SQM sin informar previamente a las comisiones de Minería y Energía del Congreso, órganos con facultades constitucionales de fiscalización. Esta omisión fue considerada una grave falta de transparencia y debilitó la legitimidad del proceso.
Consenso transversal por la revisión del acuerdo
Durante la sesión, las y los diputados manifestaron su apoyo transversal al informe, destacando la necesidad de revisar o dejar sin efecto el acuerdo con SQM, por haber sido gestado con opacidad, sin criterios técnicos claros y en perjuicio de los recursos fiscales.
En esa línea, se recalcó que el litio es un recurso estratégico para el desarrollo futuro de Chile, y que su explotación debe estar guiada por políticas públicas robustas, con participación ciudadana e indígena efectiva, transparencia y control estatal.
Varios parlamentarios reiteraron la urgencia de avanzar en la creación de una Empresa Nacional del Litio, que permita al Estado chileno gestionar directamente este recurso clave, canalizando sus beneficios hacia el desarrollo sostenible y equitativo del país.
