El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) presentó oficialmente el Informe de la Misión de Observación en la Ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera, un extenso documento de 206 páginas que recoge testimonios, antecedentes históricos y análisis jurídicos sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en ese asentamiento de colonos alemanes fundado en Chile en 1961. La ceremonia de presentación fue encabezada por la directora del INDH, Consuelo Contreras, y contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas el diputado Roberto Celedón y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla.
El informe, aprobado por unanimidad por el Consejo del INDH, sostiene que “pocas veces se ha observado en la historia del país un caso en el que se planteen tantas y tan diversas denuncias, en un período tan extenso y que involucra la vulneración de la casi totalidad del catálogo de derechos humanos”. Además, se señala que “el Estado no intervino de manera inmediata ni eficaz” ante las graves situaciones ocurridas en la ex Colonia, lo que permitió su funcionamiento impune incluso después del golpe militar de 1973.
El documento detalla que, tras el quiebre democrático, el enclave continuó operando con total impunidad y en complicidad con agentes estatales: “A través de su jerarquía y parte de sus integrantes actuó en complicidad con agentes estatales para detener, secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer personas opositoras al régimen”, concluye el informe.
Asimismo, se rememoran los abusos sistemáticos cometidos por Paul Schäfer —fundador del enclave— los cuales persistieron hasta su fuga en 1997. A más de tres décadas del retorno a la democracia, el INDH constata que las medidas adoptadas por el Estado han sido insuficientes y carecen de un enfoque claro de reparación: “No se ha realizado un reconocimiento oficial de la calidad de víctimas de violaciones de derechos humanos de los grupos de personas afectadas, con excepción de quienes padecieron ejecución política, desaparición forzada, prisión política y tortura, durante la dictadura”.
Expropiación y deber de memoria
El informe destaca como positiva la decisión del Ejecutivo de avanzar en la expropiación de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, considerando que esta responde a una de las principales demandas de las víctimas. No obstante, advierte que este proceso debe realizarse con un enfoque de derechos humanos que garantice la participación de las personas afectadas, transparencia institucional y rendición de cuentas.
En este sentido, el INDH también recomienda al Estado crear una comisión que investigue de manera integral las violaciones cometidas desde la fundación del enclave, así como establecer un marco legal que reconozca y proteja los sitios de memoria.
Una de las propuestas más relevantes del informe apunta a revisar la vigencia de la cláusula de secreto establecida por la Ley 19.992, que impide el acceso a información clave sobre violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. “Se deben buscar mecanismos que garanticen el acceso a esta información”, plantea el documento.
Llamado al reconocimiento oficial de las víctimas
Pese a diversas medidas parciales adoptadas por el Estado, el informe subraya que aún no existe un reconocimiento oficial y global del conjunto de personas afectadas por las vulneraciones cometidas en la ex Colonia Dignidad. La directora del INDH, Consuelo Contreras, insistió en la necesidad de avanzar en justicia y memoria: “La reparación real sólo será posible cuando se reconozca plenamente a todas las víctimas y se escuche su verdad”.
