Agentes de la Policía Nacional de España han desarticulado una organización criminal asentada principalmente en Palencia, dedicada presuntamente a facilitar de forma ilícita trámites de extranjería para ciudadanos extranjeros en situación irregular. La red, compuesta en su mayoría por personas de origen latinoamericano, habría gestionado más de 1.150 solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE), de las cuales al menos 371 derivaron en altas en la Seguridad Social, pese a que los beneficiarios no cumplían con los requisitos legales para trabajar en España.
La investigación se inició en agosto de 2024 tras detectar un incremento anómalo en la asignación de citas de NIE a ciudadanos latinoamericanos, quienes solicitaban certificados para trámites como la apertura de cuentas bancarias. Las pesquisas revelaron que estas personas actuaban conforme a instrucciones precisas facilitadas por la red criminal para evitar ser detectados por las autoridades.
Tráfico de citas y beneficios millonarios
La organización ofertaba, a través de canales de comunicación cerrados, citas para la obtención del NIE a cambio de sumas que oscilaban entre los 300 y 500 euros. Este entramado habría generado unos beneficios anuales superiores a los 300.000 euros, según estimaciones policiales.
El fraude no solo se limitaba a la obtención de documentación: gracias a una extensa red de colaboradores en pequeñas y medianas empresas distribuidas por toda España, los beneficiarios de estos trámites eran dados de alta en la Seguridad Social, sorteando así los sistemas de control del Estado. La operación abarcó hasta 19 provincias españolas y permitió identificar el uso fraudulento de empresas como tapadera para insertar a estos trabajadores sin regularizar.
Nueve detenidos y múltiples incautaciones
Como resultado de la operación, la Policía Nacional ha detenido a nueve personas en diversas provincias: Palencia (4), Asturias (2), Murcia (1), Sevilla (1) y Baleares (1). Durante los registros realizados, se han incautado 10.385 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, dispositivos informáticos y electrónicos, y documentación contable que evidenciaría la actividad ilícita de la red.
Los implicados se enfrentan ahora a posibles cargos por delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, con penas que podrían alcanzar hasta ocho años de prisión.
