En un paso considerado estratégico para enfrentar al crimen organizado, la Asamblea Nacional aprobó este martes, en segundo debate, el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República, con 82 votos afirmativos. La medida abre la posibilidad de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, bajo marcos de cooperación internacional.
La reforma busca robustecer las capacidades operativas del Estado ecuatoriano frente a amenazas como el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de armas y otras formas de crimen organizado transnacional. Según el texto aprobado, se impulsará el intercambio de inteligencia, la transferencia tecnológica y la cooperación estratégica en materia de seguridad.
Durante el debate parlamentario, la legisladora ponente del informe, Nataly Morillo, señaló que “el Estado ecuatoriano dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado transnacional y toda la violencia que emerge de estos mercados criminales que afecta a la vida cotidiana de nuestras familias”.
La propuesta fue respaldada mayoritariamente por los legisladores, quienes coincidieron en la necesidad urgente de combatir a los llamados “ejércitos criminales”, caracterizados por su alto poder de fuego, estructuras internacionales y vastos recursos económicos. Recordaron además que, durante la operación conjunta en la Base de Manta, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498 %, y enfatizaron que la reforma no vulnera derechos ni garantías constitucionales.
No obstante, la aprobación no estuvo exenta de críticas. La legisladora Nuria Butiñá expresó su preocupación respecto a una posible afectación a la soberanía nacional. “Esta reforma podría dejar abierta la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado”, advirtió.
La modificación constitucional se basa en el proyecto presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, el 17 de octubre de 2024, el dictamen favorable de la Corte Constitucional, y el informe elaborado por la Comisión Especializada Ocasional creada para el tratamiento de la propuesta.
Según lo establece el artículo 442 de la Constitución, tras la aprobación legislativa, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a un referéndum en un plazo no mayor a 45 días. Para que la reforma entre en vigencia, será necesario que obtenga al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos.
El Consejo Nacional Electoral deberá publicar la convocatoria dentro de los siete días posteriores a la resolución.
