Trece trabajadores vinculados a una de las principales compañías mineras del país fueron hallados muertos dentro de una mina de oro ubicada en la provincia de Pataz, en el noroeste del Perú. El hallazgo fue confirmado la madrugada de este domingo por la empresa minera Poderosa, en cuyas instalaciones se produjo el hecho.
“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (…) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales”, informó Poderosa mediante un comunicado oficial.
La tragedia, que ha conmocionado al sector minero y a la opinión pública, ocurrió en un contexto marcado por el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona, a pesar de que Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero de 2024. La medida fue adoptada ante el incremento sostenido de la violencia asociada a la minería ilegal y el crimen organizado, alimentados por la fiebre del oro.
Los trabajadores asesinados prestaban servicios para un minero artesanal que opera bajo contrato con Poderosa. Según el comunicado de la empresa, los criminales habrían atacado las instalaciones del minero artesanal con la intención de tomar el control de la operación, lo que derivó en el secuestro y posterior asesinato de los empleados.
La gravedad del hecho pone en cuestión la efectividad de las medidas de seguridad adoptadas por el Estado. Pese a la presencia de un importante contingente de fuerzas del orden en la región, incluidos efectivos del Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP), no se logró prevenir esta masacre.
Fuentes locales señalan que tan solo la semana pasada la PNP movilizó a más de 800 agentes para un operativo en Pataz. No obstante, dicho despliegue no habría incluido acciones decisivas de interdicción contra las bocaminas ilegales situadas en el área donde se produjeron los enfrentamientos. Según la empresa minera, esta omisión levanta serias dudas sobre la planificación y alcance de las intervenciones estatales en zonas controladas por economías ilegales.
