El Gobierno del Perú ha promulgado este domingo la Ley N.º 32330, que incorpora como sujetos penalmente imputables a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio calificado. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano y había sido previamente aprobada por el Congreso de la República.
Según el dictamen legislativo, la medida busca reducir los índices de criminalidad juvenil y combatir la impunidad, especialmente frente a la creciente participación de menores de edad en organizaciones criminales, incluidos ciudadanos extranjeros. “Esta reforma tiene un carácter disuasivo y contribuirá a fortalecer la seguridad ciudadana, sin vulnerar derechos fundamentales ni los principios del Estado de derecho”, afirma el texto oficial.
Críticas del Poder Judicial
No obstante, la ley ha generado un rechazo frontal por parte del Poder Judicial, que la considera incompatible con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En un pronunciamiento institucional, el órgano judicial señala que la norma “introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes”, vulnerando tanto el artículo 4 de la Constitución —que establece protección especial para los menores— como la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Carta Magna, que obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales.
El documento destaca además que la ley contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado peruano, la cual exige que toda persona menor de 18 años sea procesada bajo un sistema de justicia juvenil orientado a la rehabilitación, la reintegración social y el respeto por su dignidad.
Principios vulnerados y control difuso
El Poder Judicial advierte que esta legislación vulnera principios clave como el interés superior del niño y la no regresividad en la protección de sus derechos. “Esta norma representa un retroceso en los niveles de protección alcanzados en materia de niñez y adolescencia”, sostiene el comunicado, señalando que podría dificultar la reintegración social y el desarrollo integral de los adolescentes en conflicto con la ley.
Asimismo, recordó que los jueces y juezas están facultados, en el marco del control difuso, para inaplicar normas que sean contrarias a la Constitución o a tratados internacionales.
Un llamado a implementar una justicia especializada
Finalmente, el Poder Judicial reiteró la necesidad urgente de implementar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, los cuales contemplan mecanismos de justicia restaurativa, terapéutica y diferenciada, en línea con los compromisos asumidos por el Perú en materia de derechos humanos.
