El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el envío al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, así como para garantizar el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital. La nueva norma establece una jornada legal máxima de 37,5 horas semanales, frente a las actuales 40 horas, vigentes desde 1983.
La medida, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, representa un paso más en la modernización del mercado laboral español, según ha destacado la propia ministra durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
“Este proyecto cambia la vida de la gente y permite avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar”, ha declarado Díaz.
Una reforma histórica tras más de 40 años
La reducción de jornada, que no conllevará recortes salariales, se traduce en una media de 48 minutos menos de trabajo a la semana. Según Díaz, “no trabajamos en España como en 1983, afortunadamente el mundo ha cambiado y mucho”, y ha remarcado que muchos sectores ya operan con jornadas reducidas.
La vicepresidenta ha enmarcado esta reforma dentro de la agenda laboral del Ejecutivo, que en los últimos cinco años ha alcanzado más de 20 grandes acuerdos sociales, y ha logrado una cifra récord de ocupación: 21,6 millones de personas asalariadas.
12,5 millones de beneficiarios y un impacto notable por sectores y género
Según los datos del Ministerio de Trabajo, la medida beneficiará a 12,5 millones de trabajadores, de los cuales 10,5 millones tienen contratos a tiempo completo y 2 millones a tiempo parcial. En estos últimos, el impacto será especialmente relevante en el caso de las mujeres, que representan el 75,3% de los beneficiarios a tiempo parcial.
En cuanto a sectores, cuatro ramas concentran más de la mitad de los beneficiarios: comercio, industria manufacturera, hostelería y construcción. La ministra ha resaltado que en estas actividades los márgenes empresariales han crecido de forma significativa, especialmente en hostelería, donde han aumentado un 105% desde 2009 y un 35% desde 2019.
Por distribución geográfica, Cataluña, Madrid y Andalucía lideran el número de beneficiarios, con más de 6 millones de personas trabajadoras. Les siguen la Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.
Productividad y justicia social
Yolanda Díaz ha puesto el acento en una cuestión clave: la brecha entre productividad y salarios. “Mientras que la productividad ha crecido un 53%, la remuneración real de los asalariados solo ha aumentado un 22% en las últimas décadas”, ha señalado, abogando por una redistribución más justa del tiempo y del beneficio económico.
La ministra ha animado también a que la tramitación parlamentaria abra “una gran conversación ciudadana” sobre el tiempo de trabajo, y ha invitado a todas las fuerzas políticas a posicionarse claramente durante el debate legislativo.
