La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, sociedad civil y organismos internacionales por imponer restricciones arbitrarias al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de asociación, la libertad de expresión y la labor legítima de las ONG.
La ley introduce el concepto de “agente extranjero” —sin una definición legal clara— para catalogar a organizaciones que reciben financiamiento del exterior, lo que permite al Ejecutivo aplicar multas de hasta 250,000 dólares, cancelar personerías jurídicas y exigir un impuesto del 30% sobre fondos internacionales. Críticos señalan que estas medidas buscan criminalizar la cooperación internacional y cerrar el espacio cívico en el país.
“Lejos de garantizar transparencia, esta ley pretende institucionalizar la persecución contra organizaciones y se convierte en una herramienta más para intentar silenciar, debilitar y desmantelar la sociedad civil independiente”, denunció Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Un patrón autoritario y preocupante
La Ley de Agentes Extranjeros no surge en un vacío. Representa el más reciente episodio de una serie de acciones del gobierno salvadoreño dirigidas a debilitar el derecho de asociación, que han incluido controles desproporcionados, nuevas exigencias administrativas y restricciones fiscales a organizaciones sin fines de lucro.
Este conjunto de medidas, según diversos analistas y defensores de derechos humanos, conforma un patrón de cierre del espacio cívico, caracterizado por hostigamiento, vigilancia y discursos estigmatizantes contra quienes demandan transparencia y rendición de cuentas.
Uno de los aspectos más graves es que la nueva ley sanciona actividades legítimas protegidas por normas internacionales, al prohibir expresamente cualquier acción política o que “altere el orden público”, sin definir con claridad estos términos. Esto contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que exigen que toda restricción esté basada en principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Golpe a la cooperación internacional y la autonomía organizacional
Expertos han alertado que el impuesto del 30% sobre fondos internacionales constituye una forma de represión económica contra organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales dependen de dicho financiamiento para llevar a cabo su labor.
La Relatoría Especial de la ONU sobre la libertad de asociación ha subrayado que limitar el acceso a recursos externos puede ser incompatible con el derecho internacional cuando se utiliza para castigar a organizaciones críticas del gobierno.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido en su informe sobre Nicaragua (2023) que leyes de este tipo han resultado en cierres masivos de organizaciones, criminalización de líderes sociales y autocensura generalizada.
Concentración de poder y ausencia de contrapesos
La preocupación se agrava aún más por la falta de independencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial, ampliamente señalados por su alineación con el Ejecutivo. En este contexto, la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) —una entidad dependiente del gobierno con poder para registrar, fiscalizar y sancionar organizaciones— pone en peligro la seguridad jurídica y la autonomía institucional.
“Cuando el poder de fiscalizar, sancionar y disolver organizaciones queda en manos de instituciones alineadas con el Ejecutivo —y no existen vías reales para impugnar decisiones arbitrarias— la ley deja de ser una herramienta jurídica y se convierte en un arma política”, advirtió Ana Piquer.
La normativa tampoco contempla mecanismos de apelación efectivos, dejando a las organizaciones civiles indefensas ante posibles abusos.
Un retroceso para los derechos en El Salvador
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su repudio a la ley, alertando sobre su impacto en la libertad de expresión, el derecho a disentir y el trabajo de defensa de derechos humanos.
“La aprobación de esta ley representa un nuevo golpe al ya debilitado espacio cívico en El Salvador. Esta escalada autoritaria busca silenciar voces críticas y neutralizar a la sociedad civil independiente. El Salvador no necesita más opacidad ni represión, necesita instituciones que protejan derechos, no que los criminalicen”, concluyó Piquer.
