El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, rechazó enfáticamente este lunes las acusaciones que vinculan al Ejército en la desaparición forzada de cuatro menores en el barrio Las Malvinas de Guayaquil. La declaración llega tras la prisión preventiva ordenada contra 16 militares presuntamente implicados en el caso.
En una intervención transmitida por Cadena Nacional, Loffredo calificó el proceso judicial como un intento de “persecución política” contra las Fuerzas Armadas, asegurando que tanto el Gobierno como el Ejército actúan con “respeto absoluto a los Derechos Humanos”.
“No ha existido participación directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”, subrayó el ministro, refiriéndose a los hechos ocurridos el 8 de diciembre, cuando los menores fueron detenidos por militares y posteriormente encontrados calcinados cerca de una base aérea en Taura.
El ministro cuestionó la actuación de la jueza que, el pasado 24 de diciembre, calificó el caso como desaparición forzada y vinculó a los militares en el proceso judicial, alegando que la resolución “instrumentaliza políticamente” el caso. Según Loffredo, esta decisión excede las facultades legales de la jueza y tiene como objetivo “arrodillar a las Fuerzas Armadas” en un momento crítico en la lucha del Gobierno contra el crimen organizado.
Además, Loffredo acusó a figuras políticas, como la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, de usar el caso con fines políticos, y advirtió sobre los riesgos de que las organizaciones de derechos humanos “se conviertan en instrumentos de persecución política” en el contexto actual.
Aunque negó las acusaciones contra las Fuerzas Armadas, Loffredo cumplió con la orden judicial emitida el 31 de diciembre, que exigía una disculpa pública a las familias de los menores asesinados.
“Estoy aquí para decirles a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven: siento mucho lo acontecido. Hechos así no deben repetirse, lo lamento, mis más sentidas disculpas”, expresó.
El ministro aseguró que las Fuerzas Armadas colaborarán plenamente con las investigaciones judiciales, pero insistió en que el proceso contra los 16 militares detenidos debe respetar tanto la justicia ordinaria como la militar.
Finalmente, Loffredo defendió la integridad del Ejército y afirmó que las Fuerzas Armadas seguirán desempeñando un papel clave en la lucha contra el crimen organizado, destacando que no permitirán que decisiones judiciales o intereses políticos socaven su labor en defensa de la seguridad nacional.
