El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó este jueves su visita a Colombia, señalando preocupantes deficiencias sistémicas, entre ellas la fragmentación del marco jurídico, la ineficacia institucional y la ausencia de un registro centralizado que refleje el número real de personas desaparecidas.
La misión, iniciada el pasado 21 de noviembre, incluyó reuniones con más de 80 autoridades, como la ministra de Justicia, la fiscal general, la defensora del pueblo, así como víctimas y organizaciones de la sociedad civil en ciudades como Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio. La delegación también inspeccionó cinco centros de detención y cementerios desbordados de cuerpos sin identificar, además de un crematorio.
Un problema persistente
Aunque las desapariciones forzadas comenzaron en la década de 1940, el Comité subrayó que este no es solo un crimen del pasado, pues continúan ocurriendo diariamente en distintas regiones del país. Las víctimas abarcan todos los grupos etarios y demográficos, incluyendo menores de edad, líderes sociales, migrantes, periodistas y docentes.
Casos especialmente alarmantes incluyen reclutamiento forzado, trata de personas, desplazamiento forzado y desapariciones vinculadas a protestas sociales. Según la delegación, estas situaciones se agravan por un sistema institucional que deja a las familias atrapadas entre barreras legales y burocráticas.
Una víctima expresó su desesperación ante la falta de apoyo: “No sabemos a dónde acudir. Nos dicen cosas confusas y parece que no quieren atender nuestro caso. Estamos atrapados entre las instituciones, sin final a la vista”.
Ineficiencia institucional y duplicidad de mandatos
El Comité destacó la falta de coordinación entre entidades como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estas instituciones, con funciones que a menudo se solapan, deben coordinarse con hasta 60 autoridades nacionales y territoriales.
A pesar de las frecuentes reuniones de coordinación, estas raramente se traducen en acciones concretas. Un funcionario admitió: “Nos reunimos y nos reunimos más, pero hay tantas mesas que nos quedan dos opciones: no ir o no hacer nuestro trabajo base”.
La inexistencia de un registro centralizado fiable sobre desaparecidos agrava la situación, con cifras que varían entre 98.000 y 200.000 personas, según diferentes fuentes.
Obstáculos para las víctimas
El miedo a represalias, la falta de confianza en las autoridades y las barreras geográficas y culturales dificultan aún más las denuncias, especialmente en comunidades marginadas como migrantes, pueblos indígenas y afrocolombianos, personas con discapacidad y población LGBTIQ+.
La delegación denunció además que miles de cadáveres sin identificar se encuentran en cementerios y depósitos mal administrados, incluido un hangar del aeropuerto de Bogotá que almacena unos 20.000 cuerpos.
El Comité llamó a acciones inmediatas, comenzando por simplificar el sistema para que sirva a las víctimas y no al contrario. “No se trata de crear más instituciones, sino de articular y fortalecer las existentes”, enfatizó la delegación.
Entre las prioridades, destacaron reducir el solapamiento burocrático; garantizar suficiente financiación y personal especializado y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para combatir la impunidad.
