El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió este lunes la liberación de menores de edad detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y advirtió que el principio de complementariedad y cooperación se está quedando “sin camino”.
“Enfaticé a las autoridades venezolanas la necesidad de ver un impulso y un progreso real, y mi oficina ha estado haciendo un seguimiento en relación a esto”, advirtió durante la inauguración de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, en La Haya.
“Después de las elecciones este año he insistido en mis comunicaciones con Venezuela, en declaraciones públicas, en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier otra persona que estuviera manifestando pacíficamente”, continuó.
#ÚltimaHora | ⚖️???????? El fiscal de la Corte Penal Internacional (@IntlCrimCourt), @KarimKhanQC, lanzó una advertencia al régimen de Maduro asegurando que la complementariedad está llegando a su fin y exigiendo además la liberación de los niños y presos políticos en Venezuela.
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— EVTV (@EVTVMiami) December 2, 2024
Pero las sospechas sobre el fiscal Karim Khan crecen, porque a pesar de tener pruebas suficientes y muy bien fundamentadas de delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro – según expertos en derechos humanos – sigue demorando la condena al chavista sin dar razones.
Amnistía Internacional (AI) aseguró la pasada semana que la “tortura, detención arbitraria y abusos contra decenas de niños y niñas” tras las elecciones presidenciales en Venezuela, deben movilizar a la justicia internacional y consideró que los hechos deben sumarse a la investigación abierta por la Fiscalía de la CPI.
AI ha contabilizado al menos 198 niños y niñas arrestados, de los cuales fueron excarcelados más de 100 en septiembre y unos 25 en noviembre, aunque precisó que estos siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, bajo las órdenes del régimen, ha descartado que en el país haya niños arrestados, pero admitió que sí detuvieron a adolescentes que, según aseguró, participaron en actos de violencia postelectoral.
El fiscal Khan sostuvo que el Estado venezolano debe cooperar de manera “más tangible” con su oficina y advirtió que el mecanismo de cooperación entre el sistema de Justicia venezolano y la CPI corre peligro.
“No he visto la implementación concreta que esperaba de leyes y prácticas en Venezuela. Quiero dejar claro que la pelota está en el lado de la cancha de Venezuela y que la vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, manifestó.
Las sospechas sobre el fiscal Khan y su demora en condenar a Maduro
La Fundación Arcadia con sede en Estados Unidos, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud formal de recusación inmediata contra el fiscal Karim Asad Ahmad Khan en el caso El Fiscal vs. Nicolás Maduro Moros (Venezuela I), firmada por Robert Carmona-Borjas, CEO y cofundador, y José Vicente Carrasquero A., director de Estrategias de Resolución de Conflictos.
La petición argumenta un conflicto de interés grave que compromete la imparcialidad del Fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial, con implicaciones profundas para la credibilidad de la CPI. El conflicto de intereses derivado de la relación familiar entre el fiscal Karim Khan y Venkateswari Alagendra, abogada defensora de Nicolás Maduro en este mismo caso. El vínculo, revelado recientemente por fuentes de alta credibilidad, como The Washington Post, generado preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal, como lo estipula el Estatuto de Roma, documento rector de la Corte Penal Internacional..
Obviamente, la relación familiar entre el Fiscal Khan y la abogada defensora Alagendra impacta la independencia e imparcialidad requeridas por la CPI, particularmente siendo un caso que involucra a Nicolás Maduro como perpetrador de crímenes de lesa humanidad. La mera apariencia de parcialidad es suficiente para socavar la confianza del público, las víctimas y la comunidad internacional en la Corte Penal Internacional.
El Estatuto de Roma exige que el Fiscal no participe en actividades que puedan interferir con sus funciones o afectar la confianza en su independencia. La relación familiar entre Khan y Alagendra viola este principio y constituyendo un claro motivo para la recusación. La Fundación subraya que existe una “duda legítima” sobre la imparcialidad del fiscal, suficiente para justificar su apartamiento conforme con el Estatuto de Roma.
Otro punto de gravedad para la recusación es que el fiscal incumplió sus obligaciones éticas profesionales. El Estatuto de Roma lo obliga a que las investigaciones se realicen de manera imparcial y su relación familiar con la abogada de Maduro compromete seriamente el desempeño de sus funciones sin prejuicios.
En paralelo, el fiscal Karim Khan está siendo investigado por acoso sexual
El 12 de noviembre de este año, la presidenta de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), Päivi Kaukoranta, anunció una investigación externa sobre el comportamiento del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, por supuesta conducta indebida.
“Tras las consultas con la oficina de la Asamblea de los Estados Partes, solicito en nombre de la presidencia de la asamblea, una investigación externa sobre cuestiones relacionadas con el presunto comportamiento indebido del fiscal del CPI”, señaló Kaukoranta en el comunicado.
El objetivo de esta investigación es garantizar un proceso completamente independiente, imparcial y justo, conforme con el marco jurídico de la CPI, añadió la presidenta.
Anteriormente, los medios informaron que la CPI iniciará una investigación contra su propio fiscal, acusado de acoso sexual.
La Asamblea de los Estados Partes de la CPI comunicó que tiene conocimiento de la información sobre la supuesta conducta inapropiada de Khan hacia un empleado de su oficina, sin especificar los detalles de las acusaciones.
