Miles de millones de pesos gastados en la educación de estudiantes extranjeros no residentes que llegaban a la Argentina a cursar en forma gratuita en universidades públicas y luego de recibirse, se iban de regreso a su país a trabajar.
También, desde desde distintos países de la región llegaban pacientes extranjeros a atenderse gratuitamente en hospitales argentinos, generando cuantiosos costos para el Estado argentino.
Ahora, el Gobierno de Javier Milei anunció este martes el cobro de aranceles a extranjeros no residentes en Argentina que llegaban al país para estudiar gratis en universidades nacionales y atenderse en los hospitales públicos. Asimismo, endurecerán las condiciones de ingreso al territorio argentino, así como los motivos de expulsión de los inmigrantes.
“El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
“En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, afirmó al tiempo que aseguró que representará una fuente de financiamiento para las universidades.
En la misma línea, aseguró que dispondrán del fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros que no residen en el país e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren.
“Desde que se tomó esta medida en (la provincia de) Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica, no solo el ahorro fiscal que pueda significar sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país”, expresó.
Asimismo, sentenció: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia”.
Por otro lado, el vocero del gobierno anunció que incorporarán “más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia”.
“Si se lo atrapa cometiendo el delito o se lo detiene por violentar el sistema democrático será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, prometió, y agregó: “ Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan o hacen el trámite migratorio”.
