En un comunicado, el Grupo de Puebla se solidariza con la expresidenta argentina Cristina Kirchner, tras las acusaciones comprobadas de corrupción en el otorgamiento de obras públicas e insólitamente defiende al exmandatario Alberto Fernández, por su imputación en el caso sobornos de los seguros del Estado, que el gobierno kirchnerista direccionaba a través de amigos que se beneficiaron en sumas millonarias, en un sistema montado de estafas a las arcas estatales.
El Grupo de Puebla no menciona en el comunicado y guarda silencio sobre la violencia de género y los golpes salvajes que el expresidente Fernández propinaba a diario a la exprimera dama Fabiola Yañez, una causa judicial que está en trámite donde ni el propio kirchnerismo lo defiende por sus actos violentos y son críticos con sus actitudes de golpeador.
Las mujeres del Grupo de Puebla avalan con su silencio la violencia de género de Alberto Fernández contra su exesposa
Incluso, mujeres de la política que firman el comunicado del Grupo de Puebla, avalan con su silencio la violencia de Alberto Fernández. Ellas son:
Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Perú.
Sonia Gutierrez Raguay, Diputada Nacional, Guatemala.
Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España.
Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina.
Esperanza Martínez, Senadora Nacional, Paraguay.
Clara López, Senadora Nacional, Colombia.
Carol Proner, jurista – Brasil
Gisele Ricobom, abogada – Brasil
Elizabeth Gómez Alcorta, abogada – Argentina
Larissa Ramina, abogada – Brasil
Lina Mejía Torres, abogada – Colombia
La declaración del Grupo de Puebla
Desde el Grupo de Puebla expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo a la persecución judicial política y mediática reactivada en las últimas semanas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a lo que se suma una persecución al expresidente Alberto Fernández por la llamada “causa de los seguros” en lo que puede considerarse un nuevo capitulo de lawfare contra el progresismo argentino.
La conducta prevaricadora del juez Julián Ercolini, cercano al ex presidente Macri, buscó preparar el escenario para proferir una anunciada sentencia condenatoria contra la expresidenta cuyo contenido ya es conocido por todos. Se trata de un nuevo capítulo de un vergonzoso proceso de guerra jurídica con fines políticos (lawfare), repleto de irregularidades procesales, fiscales y jueces parcializados, filtraciones mediáticas, ataques reputacionales contra ella y su familia y todo en medio de un desierto de garantías legales y constitucionales que llegó hasta el atentado contra su vida el 1° de septiembre de 2022 en la ciudad de Buenos Aires.
A los sectores y actores neofascistas argentinos que están detrás de ésta siniestra estrategia y que forman parte de la mafiosa y nueva derecha radical latinoamericana en complicidad con reconocidos políticos extremistas europeos, les notificamos que como lo hicimos en los procesos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador lo seguiremos haciendo en estos casos a través del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) y de nuestras colectividades políticas y centros de pensamiento. Pueden estar seguros de que no prosperará su peligroso intento de politizar la justicia latinoamericana para subordinarla a sus poderosos intereses económicos y mediáticos.
