Por Facundo Ordeig.-
Es mediante el engaño, la manipulación, la coacción, la promesa de empleo e incluso el secuestro que las organizaciones dedicadas a la trata de personas captan a sus víctimas, debiéndose tener en cuenta que desde Naciones Unidas estiman la existencia de 2.5 millones de ellas. Una cifra poco menor a la cantidad total de habitantes de nuestro país, el cual, es considerado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un destino para víctimas provenientes de Brasil, Venezuela, Argentina, Cuba, Nicaragua y Bolivia, sino también su ruta hacia España e Italia, siendo Uruguay una pieza clave tanto para la Ndrangheta como para sus aliados. Un delito que en nuestra tierra vulnera a ciudadanos extranjeros, pero también a los propios, ¿o acaso hemos olvidado tantas desapariciones sin resolver?
Quizá, prestando atención a los detalles de los mismos nos encontraríamos con un patrón que se repite en cuanto al contexto socioeconómico, al rango etario, e incluso a características físicas. Lo que no debería extrañar cuando de acuerdo al Grupo de Expertos contra la Trata del Consejo Europeo, un 84% de las niñas, adolescentes y mujeres captadas son víctimas de explotación sexual, tanto para la creación de distintos tipos de pornografía como para la prostitución forzada. La modalidad más presente en nuestro territorio, pero no la única, porque a los hombres les esperan los trabajos forzados, pero a pesar de ser crímenes que atentan contra los Derechos Humanos, pasan desapercibidos ante nuestros ojos, ¿por qué?
Porque por más que existen indicadores psicológicos, conductuales, físicos, económicos e incluso sanitarios que sirven a modo de alerta, la logística que implementa el crimen organizado a la hora de captar, trasladar, retener y explotar a las víctimas representa un desafío para el Estado, haciendo que sus casos no se encuentren tan presentes en los medios de comunicación o ante la Justicia, pero en parte, el desafío puede ser contenido en caso que la ciudadanía habilite los allanamientos nocturnos en el plebiscito del próximo 27 de Octubre.
De la estrategia a la táctica
En primer lugar, cuando uno lee los informes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, INTERPOL, EUROPOL, Naciones Unidas y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay se encuentra con que la explotación sexual comercial se produce en hoteles, moteles, prostíbulos o casas de masajes pero más que nada, en residencias que pertenecen tanto a los clientes como a los cómplices de la organización, donde la Constitución de la República prohíbe el ingreso de la Policía Nacional una vez que se oculta el sol, lo que ha derivado en que por una cuestión de tres o cinco minutos, un abogado defensor consiga inhabilitar un allanamiento, evitando la sentencia que le correspondía a su cliente mientras exigía un sanción contra los funcionarios policiales que le detuvieron. Una injusticia que es atribuida a la Justicia, pero que no es culpa de jueces o fiscales, sino de la norma constitucional a la que deben atenerse.
En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que al momento de realizar una operación policial para rescatar a las víctimas se debe contener el riesgo al que se enfrentarán tanto los funcionarios como la población civil, lo que no puede ser hecho de manera precisa al momento de intervenir en un traslado debido a las múltiples variables que existen en caso que suceda una persecución a pie, en vehículo, una toma de rehenes o incluso un tiroteo pero aunque realizar un allanamiento a la “casa segura” en el momento previo a un traslado para maximizar la eficiencia del mismo representa un riesgo en sí mismo, si es posible contenerlo de manera más precisa con labores de inteligencia, equipamiento personal, pero sobre todo, con tecnología, porque, ¿qué es más sencillo? ¿controlar lo que sucede o lo que puede llegar a suceder en un radio de entre uno a tres kilómetros o en una, o quizá, dos manzanas?
Falsa oposición que vulnera el debate
Quienes se encuentran en contra de la propuesta, entre ellos, el Senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, han insistido que los allanamientos nocturnos no representan una solución al crimen organizado sino que este debe tratarse con “medidas integrales”, lo que el propio impulsor del plebiscito, el Senador Carlos Daniel Camy ha destacado por entender que no se trata de elegir entre una u otra herramienta sino de complementarlas entre sí, porque, ¿acaso no es así que se trabaja la integralidad que proponen? Una pregunta que es simple, pero poderosa, porque es capaz de desmontar la falsa oposición que promueven a la hora de debatir pero, ¿por qué recurrir a ella cuando existen preocupaciones que sí son válidas?
Para Carlos Vaz Ferreira la respuesta no sería otra que limitar el debate mediante una distorsión de la realidad, la cual, permite manipular a quienes no se encuentran preparados para adentrarse – o siquiera percibir – los matices de la cuestión. En este caso puntual, nos encontramos con que la limitación o manipulación del debate se produce al colocar el allanamiento nocturno como contrario a la prevención del lavado de activos, como recientemente el Senador Brenta pretendió hacerlo, pero, ¿acaso una de ellas no refiere a la capacidad logística mientras que la otra a la capacidad económica? ¿por qué no deberíamos hablar sobre como combinarlas cuando existe una relación de dependencia entre ambas?
Quizá, porque nos encontramos a poco más de veinte días de las Elecciones Nacionales y reconsiderar su posición implicaría un costo político que no se encuentran dispuestos a asumir pese a que las encuestas indican que se aprobará, debiendo tener en cuenta que la propia candidata a la Vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cosse, aseguró que en caso que suceda, no deberían implementarse en un eventual gobierno de izquierda, lo que no sólo atentaría contra la voluntad popular, sino también contra la separación de poderes
