El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente, según el último informe presentado por la ONU a través de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
El informe documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, que no son incidentes aislados, sino parte de un plan coordinado para reprimir a quienes critican al Gobierno de Nicolás Maduro. Marta Valiñas, presidenta de la Misión, afirmó que “la reciente intensificación de la represión representa un ataque grave y sistemático a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, a pesar de los constantes llamados internos e internacionales al respeto de los derechos humanos.
Entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, el deterioro del estado de derecho en Venezuela alcanzó un punto crítico, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio, donde las garantías judiciales fueron prácticamente eliminadas. El informe destaca que, en los meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo cargos de conspiración, entre ellas militares, periodistas y defensores de derechos humanos. Durante la campaña, más de 120 personas fueron arrestadas y, tras las elecciones, más de 2.000 personas fueron detenidas en el marco de protestas, incluidas más de 100 niñas y niños.
Francisco Cox, miembro de la Misión, subrayó que el sistema de justicia venezolano se encuentra subordinado al poder ejecutivo, y las detenciones arbitrarias, acompañadas de violaciones graves del debido proceso, se han convertido en una herramienta clave del aparato represivo del Estado.
La Misión también ha documentado un aumento del acoso y la criminalización de actores de la sociedad civil, como periodistas y organizaciones de derechos humanos, quienes enfrentan restricciones crecientes para realizar su labor. Patricia Tappatá, otra experta de la Misión, destacó que el Gobierno ha dirigido su represión hacia aquellos que critican a Maduro o cuestionan los resultados electorales, instaurando un clima de temor generalizado.
El informe concluye que, basándose en las pruebas recopiladas, existen razones para creer que el Gobierno de Venezuela ha cometido crímenes de persecución por motivos políticos, agravando aún más la crisis de derechos humanos en el país.
