El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, del Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha explicado que el Plan de Acción por la Democracia es una hoja de ruta con 31 medidas que el Gobierno va a ir implementando durante los próximos tres años, según el PSOE, para “reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información veraz”.
A su juicio, España es una democracia sólida, plena y fuerte, pero los ciudadanos perciben elementos de desgaste motivados por la desinformación y los bulos. Por ello, el plan “busca restaurar plenamente la confianza en la democracia, hacerla más libre, más limpia” y que los medios sean más transparentes, aunque las medidas, según analistas, serían un pretexto para silenciar a los medios críticos e impedirles el libre ejercio de la opinión independiente.
Por su parte el ministro de Cultura, el ultraizquierdista Ernest Urtasun, de la formación de extrema izquierda SUMAR, ha destacado que la iniciativa incluye algunas de las reclamaciones más importantes de la última década en relación con la libertad de expresión. Además, aborda por primera vez la necesidad de hacer “política mediática”, lo que implica “elaborar un marco legal, jurídico y normativo que garantice el derecho a la información plural, veraz y de calidad”, una explicación que no conforma a los medios de prensa libres e indipendientes.
OKIDIARIO explica las 13 principales medidas del plan de acción de Sánchez para amordazar a los medios críticos:
- Crear un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
- Obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
- Reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de proporcionalidad y no discriminación, garantizar sistemas de medición de audiencia transparentes y apoyar a los medios en lenguas oficiales diferentes del castellano.
- Limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios, para que no haya medios impulsados o dependientes de ellas.
- Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas y trasponer la directiva que les protege de acosos externos
- Reformar el artículo 36 de la denominada ‘ley mordaza’, que castiga el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
- Revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo y evitar la concentración de los medios de comunicación.
- Aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
- Reformar la ley de protección al honor y la intimidad y la ley que regula el derecho de rectificación.
- Reforma de los artículos del Código penal que limitan la libertad de expresión, como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.
- Programa dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios
- Reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.
- Crear una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.
Los motivos de esta ley
Las recientes acusaciones en contra de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que se encuentra imputada judicialmente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, es claramente uno de los motivos para acelerar la ley que lleva la intención de “castigar” a los medios de comunicación que no son condescendientes con el Gobierno del PSOE.
Críticas
La senadora del PP, Eva Ortiz afirma que el Gobierno “sigue repitiendo los mismos errores y teniendo los mismos ‘tics’ autoritarios; además sólo es “sobresaliente en ridículos internacionales, notable alto en casos de corrupción y no ha progresado adecuadamente en mejorar la vida de los españoles”.
Se muestra preocupada por los “tintes autocráticos de Sánchez, a quien cada vez se le pone más cara de Maduro”; tras lo que considera que eso de gobernar ’con o sin el poder legislativo’, además de significar “un asesinato a la democracia parlamentaria y al Estado de Derecho, es de una chulería política sin precedentes”.
