En una nueva acción del Ministerio Público de Guatemala, cuyos fiscales han sido sancionados por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá como antidemocráticos y corruptos, siguen tomando medidas ilegales contra el gobierno actual del presidente Bernardo Arévalo.
Ahora, el juez Fredy Orellana, sancionado internacionalmente como “actor antidemocrático”, ordenó la detención sin pruebas y envío a la cárcel de la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández. La captura generó el rechazo de Estados Unidos y de otros países, que consideran que se trata de una criminalización de actores anticorrupción.
La corrupción imperante en el ministerio público de Guatemala, es uno de los graves problemas que enfrenta el gobierno de Arévalo.
Los rostros de la corrupción en la Fiscalía de Guatemala
El presidente Arévalo está decidido a que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala le permita destituir a la jefa de la Fiscalía, María Consuelo Porras, y así iniciar un proceso penal por los supuestos delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad cometidos por la funcionaria.
La fiscal general María Consuelo Porras Argueta y sus fiscales, han perpetrado atropellos en contra de la población y han ocultado, como cómplices, cientos de casos de delitos del gobierno anterior del expresidente Alejandro Eduardo Giammattei, según las denuncias.
Ahora, el juez Fredy Orellana señalado en la Lista Engel del Departamento de Estado de EEUU como un actor antidemocrático, sin pruebas y en un cuestionado fallo envía a la funcionaria del gobierno Ligia Hernández a la cárcel “por riesgo de fuga”.
