La democracia ampara casos como el de Guatemala, donde el Ministerio Público un antro de corrupción donde varios fiscales de ese país, incluida la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, han perpetrado atropellos en contra de la población y han ocultado como cómplices, cientos de casos de delitos del gobierno anterior del expresidente Alejandro Eduardo Giammattei.
Considerados como corruptos a nivel internacional por la Unión Europea, EEUU y Canadá, la jefa de los fiscales, Porras Argueta, la fiscal Cinthia Monterroso; la fiscal Leonor Morales; el fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público, José Rafael Curruchiche, han odenado el martes la detención de Ligia Hernández, una exdiputada y funcionaria de confianza del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, quien es investigada en un caso “armado” contra el partido del gobernante y por el cual se busca retirar la inmunidad al mandatario.
La exdiputada Ligia Hernández confirmó en un video que subió a su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, la medida en su contra. La policía ejecutó la orden y la trasladó a la Torre de Tribunales para que el juez de la causa le haga saber el motivo de su detención, refirió.
“Hoy se comete una nueva injusticia a manos del Ministerio Público, han girado una orden de captura en mi contra y por más que quieran criminalizarme yo no les tengo miedo”, señaló Hernández, quien fue diputada por el partido Movimiento Semilla y actualmente es directora del Instituto para la Víctima.
La fiscal Porras, sus fiscales y un juez, sancionados por EEUU, la Unión Europea y Canadá por corrupción
En mayo de 2022, Estados Unidos, a través de un comunicado del Departamento de Estado, dijo que ha sancionado a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta de Porres, debido a su participación en hechos significativos de corrupción (a favor del presidente Giammattei). Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción.
En febrero de 2024, la Unión Europea sancionó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y a otros cuatro funcionarios de la Fiscalía por “acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, según un comunicado.
La oficina de la Unión Europea en Guatemala, dio a conocer que fueron sancionados por sus acciones ilegales, el juez Fredy Orellana, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche, y dos miembros más del Ministerio Público guatemalteco: el secretario general, Ángel Arnoldo Pineda, y la fiscal Leonor Morales.
También en febrero de este año, el Ministerio de Exteriores de Canadá sancionó a cuatro funcionarios guatemaltecos, en línea con aliados internacionales, como Estados Unidos y países europeos, que están preocupados por la democracia y el estado de derecho en la nación centroamericana.
Canadá anunció sanciones para cuatro funcionarios guatemaltecos “implicados en socavar la democracia y el estado de derecho” en la nación centroamericana, entre ellos la fiscal general y titular del Ministerio Público, María Consuelo Porras, la fiscal Cinthia Monterroso; el fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público, José Rafael Curruchiche y el juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.
