La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó su informe sobre violaciones de derechos humanos durante la declaración del Decreto 111 en Ecuador. En el dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional.
El informe de la ONG documenta y analiza las denuncias públicas realizadas por la ciudadanía desde el 8 de enero al 8 de abril del presente año, con el objetivo de identificar el accionar de las fuerzas públicas en el marco de esta declaratoria.
El documento recoge un total de 45 casos de posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Metropolitana de Ecuador durante el primer trimestre de 2024, en el contexto del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado.
El dossier no solo detalla los excesos cometidos por las fuerzas del orden, sino que también ofrece una descripción del escenario político y social en el que se desarrollaron estos hechos. Además, categoriza las vulneraciones de derechos humanos registradas en contra de la sociedad civil.
“Registramos alrededor de 45 denuncias ciudadanas realizadas a través de la red social X (antes Twitter), Instagram, Facebook y medios de comunicación digitales, tras un análisis exhaustivo del contenido digital para verificar la veracidad de las fuentes de información”, explicó la comunicadora Yuli Gaona durante la presentación del informe.
Verónica Yuquilema, presidenta de INREDH, destacó en una rueda de prensa en Quito que “de los 45 casos que hemos recabado, la mayoría responde a clases populares que han sido humilladas, maltratadas y que también han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales”. Añadió que, tras un análisis de los diferentes casos, el conflicto armado interno (CANI) parece responder más a una narrativa política del gobierno que a una situación real con los grupos de crimen organizado.
Yuquilema también advirtió sobre la instauración de una visión ‘bukelizada’ en la institucionalidad del Estado, caracterizada por acciones de necropolítica, criminalización y racialización de la pobreza, afectando principalmente a los sectores populares y marginados. Según Yuquilema, no existe una voluntad política real para combatir el problema del narcotráfico.
El informe de 28 páginas resalta la relación entre el estado de excepción y las vulneraciones de derechos humanos, evidenciando cómo las autoridades han utilizado la emergencia como justificación para emplear fuerza desproporcionada y mostrar negligencia administrativa.
“Hacemos un llamado a la sociedad civil, los organismos y la comunidad internacional a mantenerse atentos y solidarios con la situación en Ecuador, exigiendo el respeto y la garantía de los derechos humanos. Solo mediante la acción conjunta y la presión sobre el Estado podremos lograr que se respeten los derechos de la ciudadanía y se fortalezca la democracia”, concluye el documento investigativo.
