Las medidas del gobierno ecuatoriano para enfrentar la violencia sexual en las escuelas no han avanzado con la celeridad y el alcance necesarios para garantizar la seguridad de todos los niños, señaló Human Rights Watch –HRW en un informe publicado. A pesar de los compromisos y las acciones emprendidas por las instituciones gubernamentales, la violencia sexual sigue siendo endémica en las escuelas de Ecuador, y las sobrevivientes a menudo encuentran difícil acceder a la justicia.
El informe de 60 páginas, titulado “Como un mosaico: el lento progreso de Ecuador en la lucha contra la violencia sexual en las escuelas”, documenta importantes deficiencias en la respuesta gubernamental para prevenir y abordar los abusos en el sistema educativo. Muchas escuelas aún no denuncian los abusos ni implementan plenamente los protocolos requeridos. Además, las instituciones judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra los niños, lo que afecta la capacidad de las sobrevivientes para obtener justicia.
“En un contexto de inseguridad, cientos de niños sufren violencia sexual en las escuelas de Ecuador”, señaló Katherine La Puente, coordinadora de derechos del niño de Human Rights Watch. “La respuesta y las medidas de prevención de Ecuador no están a la altura de la magnitud y la urgencia del problema, y el país debe cumplir con su compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas”.
Durante la última década, se han denunciado 6.438 casos de violencia sexual por parte de profesores, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 niños. Solo en los últimos cuatro años, entre enero de 2020 y junio de 2024, los datos del Ministerio de Educación revelan 2.827 casos. Además, los conductores de autobús fueron denunciados como abusadores en 78 casos, elevando el total a 6.516. La falta de denuncias se debe, en parte, a las barreras institucionales y al enfoque en proteger la reputación de las escuelas por encima del interés superior del niño.
Human Rights Watch realizó 68 entrevistas con representantes de la sociedad civil, abogados, activistas, expertos, defensores de los derechos de los niños y funcionarios gubernamentales de Ecuador. También revisó y analizó datos sobre casos denunciados, investigaciones y procesamientos de violencia sexual proporcionados por el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo de la Judicatura.
En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador en el caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, el primer caso de la corte sobre violencia sexual en las escuelas. La Corte ordenó al gobierno tomar medidas específicas para prevenir, abordar y erradicar la violencia sexual en las escuelas, incluyendo mejorar la detección y denuncia de casos; capacitar al personal educativo en tratamiento y prevención; proporcionar asistencia y atención a las víctimas y sus familias; y mantener información estadística actualizada.
Desde 2020, Ecuador ha tomado medidas importantes para abordar la violencia sexual en las escuelas y agilizar la justicia para las sobrevivientes. La Política Pública para Erradicar la Violencia Sexual en las Escuelas, que incluye acciones previstas hasta 2030, coordina el enfoque del gobierno para la prevención, respuesta, generación de información y acceso a la justicia y reparación para las sobrevivientes. En octubre de 2023, el Ministerio de Educación emitió una Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad, también hasta 2030, que exige su implementación en todas las escuelas del país.
A pesar de estos esfuerzos, persisten lagunas significativas en la respuesta gubernamental y en el cumplimiento de las órdenes de la Corte Interamericana, según señaló Human Rights Watch. Los recortes presupuestarios y la resistencia a las metodologías y herramientas de enseñanza desarrolladas para la educación integral en sexualidad han obstaculizado el impacto de las iniciativas.
