Los manifestantes realizaron protestas este jueves (13) en varias ciudades del país, como São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, contra el proyecto de ley que equipara el aborto con el homicidio.
El proyecto de ley 1904/24, en trámite en la Cámara de Diputados, establece que los abortos practicados después de las 22 semanas de gestación, en cualquier situación, serán considerados homicidio, incluso en el caso de embarazo resultante de una violación. La pena será de seis a 20 años para la mujer que se someta al procedimiento.
Actualmente, la legislación permite el aborto o la interrupción del embarazo en los casos en que el embarazo sea consecuencia de violación, riesgo para la vida de la madre y bebés anencefálicos. No existe un período máximo de gestación para que esto se pueda realizar. Según la legislación actual, el aborto se castiga con penas que van de uno a tres años de prisión, cuando sea causado por la mujer embarazada; de uno a cuatro años, cuando un médico u otra persona provoque un aborto con el consentimiento de la mujer embarazada; y de tres a diez años, el que provoque un aborto sin la aprobación de la mujer.
El miércoles (12), la Cámara de Diputados aprobó la votación urgente del proyecto de ley , es decir, el texto puede ser votado directamente en el pleno sin pasar por discusión en las comisiones
San Pablo
En São Paulo, la protesta se realizó en la Avenida Paulista, frente al Museo de Arte de São Paulo (Masp), en medio de gritos de “El niño no es madre”, “Respeta a las mujeres” y “Fuera Lira” [Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados].
Para los manifestantes, la aprobación de la propuesta afectará principalmente a los niños, que representan la mayoría de las víctimas de violaciones en el país y cuyos casos de abusos y embarazos tardan en ser identificados, lo que deriva en una búsqueda tardía de servicios de aborto legal. Según datos del Foro de Seguridad Pública, 74.930 personas fueron violadas en Brasil en 2022. De ese total, el 61,4% eran niños de hasta 13 años.
“Este proyecto de ley es completamente inconstitucional, ya que pone en riesgo a millones de niñas que se verán obligadas a ser madres de los hijos de sus violadores y de mujeres que se verán obligadas a llevar un embarazo como víctimas de violencia sexual”, afirmó Rebeca Mendes, abogada y directora ejecutiva del Projeto Vivas, entidad que trabaja con mujeres que necesitan acceso al aborto legal, en entrevista con Agência Brasil.
Otra crítica es que si se aprueba el proyecto de ley, la pena para las mujeres víctimas de violación será mayor que la de los violadores, ya que la pena por el delito de violación es de 10 años de prisión, y las mujeres que aborten, según el proyecto. , pueden ser condenados a hasta 20 años de prisión. “Este PL protege al violador, no a la víctima. Y eso dice mucho de nuestra sociedad”, añadió.
Hubo críticas al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP-AL), por haber sometido el proyecto a votación. “Hoy estamos aquí contra el absurdo que hizo el presidente [de la Cámara de Diputados] Arthur Lira, donde en 23 segundos logró poner en riesgo a millones de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual. Nuestros derechos fueron negociados ayer en 23 segundos en el Congreso Nacional”, dijo Rebeca Mendes.
En la Cámara, Lira afirmó que el proyecto fue sometido a votación para ser considerado de urgencia luego de un acuerdo entre los dirigentes partidistas.
En mayo de este año, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió una resolución del Consejo Federal de Medicina (CFM) que prohibía el uso de la llamada asistolia fetal para interrumpir un embarazo. El procedimiento es utilizado por la medicina en casos de abortos previstos por la ley, como en el caso de violación.
Agencia Brasil
