Tres meses y medio después de ser declarado culpable de tráfico de drogas y armas, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está a pocas horas de conocer su sentencia. Autoridades informaron este martes que la audiencia está programada para el miércoles 26 de junio a las 11:00 hora de Nueva York (15:00 GMT), donde el juez Kevin Castel anunciará la pena.
En este contexto cabe recordar que un jurado de 12 personas encontró culpable a Hernández el pasado 8 de marzo de 2024 de tres cargos relacionados con tráfico de drogas y armas. Esta situación podrían conllevar una condena de por vida, similar a la impuesta a otros inculpados en el mismo caso, entre ellos su hermano Tony Hernández y el colaborador cercano de este, Geovanny Fuentes.
A su vez y en un intento por evitar una condena perpetua, el abogado defensor de Hernández, Renato Stabile, presentó argumentos al juez Castel el pasado viernes 21 de junio donde declara su inocencia ante los cargos presentados. Stabile sostiene que la condena mínima establecida por la ley -10 años por narcotráfico y 30 por tráfico de armas- “satisfará los objetivos de la sentencia”. En su petición, Stabile solicita que no se imponga “una pena adicional”.
A pesar de esta solicitud, una sentencia mínima significaría que el expresidente, de 55 años, pasaría prácticamente el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Stabile recordó al juez que su cliente siempre ha reivindicado su “inocencia”, alegando que fue condenado “erróneamente” basado en los testimonios de “narcotraficantes y asesinos hondureños -los mismos que combatió- que buscan venganza y reducir sus propias penas”.
El abogado también aseguró que su defendido “apelará su condena por todos los medios legales” y que “nunca se rendirá”.
En el mismo caso están implicados el exjefe de la policía hondureña, Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda. Ambos se declararon culpables de narcotráfico, evitando así enfrentarse al juicio junto al expresidente.
En un documento de 159 páginas enviado al juez Castel la semana pasada, Hernández insiste en su “inocencia” y detalla las leyes que promovió y su colaboración con el Gobierno estadounidense para combatir el crimen organizado y la violencia de las pandillas. Hernández subraya que estas iniciativas fueron esenciales para abordar la crisis de violencia que costó la vida a casi 88,000 personas, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo.
