Cada día aparecen en Argentina más casos de “beneficios” irregulares que otorgó el gobierno anterior del kirchnerismo y que le cuestan millones de pesos a las arcas del Estado.
Según consiga INFOBAE, el fiscal federal Guillermo Marijuán le solicitó a través de un oficio a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, la baja de 2.954 beneficiarios que cobran a través del ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), porque incumplen con la normativa de mantener residencia en el país. Es decir, se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años “vulnerables” y regresaron a su país de origen, según los registros de la Dirección de Migraciones.
A valores actuales, el perjuicio mensual para las arcas del Estado argentino es de $449.341.802 millones, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.
En la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan están otros 7.512 “titulares PUAM” que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la norma.
